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viernes, 2 de marzo de 2018

EN ACACIAS META. UN MUERTO Y TRES HERIDOS POR ARMA DE FUEGO EN ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PÚBLICO.



Hacia las 11 y 50 minutos del día de ayer  primero de Marzo de 2.018,  en un establecimiento público de la ciudad de Acacías, ubicado en la carrera 37 B No. 15—15 barrio Villa Lucia, falleció como consecuencia de impactos de arma de fuego el Señor JHON ALEXANDER FAJARDO, de 3e3 años de edad, en los mismos hechos resultaron heridos los señores CRISTIAN YAMID MENODZ MAAHECHA de 28 años  de edad, quien presenta herida región lumbosacra, EDSON FERNEY CLARO CARRILLO, de 33 años de edad, presenta herida pierna derecha con orifico de entrada y salida y REINAL SNATAMARIA VELASCO, quien presenta herida epilaptero y abdominal, los anterior lesionados fueron remitidos a  centro asistenciales de la ciudad  de Villavicencio
 La Policía en diálogo con la administradora del establecimiento de nombre Dora Gilma Celis da a conocer que un hombre se acerca a la caja registradora con arma de fuego manifestándole que le entregara el dinero.
De inmediato se acerca el propietario del establecimiento el señor Reinaldo Santamaría "Lesionado".
En la huida el sicario realiza varias detonaciones con arma de fuego donde posteriormente a las afueras del establecimiento lo esperaba una persona en motocicleta y emprenden la huida.
Asimismo el sospechoso parrillero vestía pantalón jean, camiseta negra con pasamontañas. El conductor motocicleta vestía pantalón jean, camiseta blanca y gorra blanca.

jueves, 1 de marzo de 2018

DIRIGENTES POLÍTICOS ENFRENTAN POSICIONES POR EUTANASIA A MENORES DE EDAD



Varios congresistas y candidatos presidenciales se pronunciaron sobre el borrador de decreto que ya tiene listo el Gobierno Nacional para reglamentar la eutanasia a los menores de edad en Colombia.
Algunos políticos aseguran que se debe respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural y no se puede promover la cultura de la muerte.
El presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, afirmó que “de entrada quiero decir que yo estoy en contra absolutamente de toda eutanasia, a mí me parece que eso representa más riesgos que beneficios. Una cosa es el derecho a la vida y otra cosa es pensar en la muerte y en los menores de edad es muy difícil discernir sobre ese tema”.   
Otros en cambio, como el Partido Liberal, defienden la idea de que un deceso digno también hace parte del derecho a una vida digna.
El congresista Mauricio Gómez Amín asegura que la eutanasia en menores también debe ser autorizada por los padres. 
“Yo pediría revisar ese decreto, pero lo que el Liberalismo piensa sobre ese tema es que debe ser un derecho de los padres, ellos deben estar de acuerdo y en principio pensaría que esa eutanasia en menores debe aprobarse en casos extremos”, manifestó.
El senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, dice que no es el momento adecuado para plantear un debate de esa naturaleza 

“Hay una serie de problemas público y de orden legal de mayor importancia y el Gobierno empieza es a distraer con una serie de temas que en este momento no son pertinentes y no son de la relevancia de muchos otros. Es absurdo entrar en esa discusión en este momento”, manifestó.
¿Qué dicen los candidatos sobre la eutanasia en menores?
Algunos candidatos presidenciales también sentaron su posición sobre el decreto que expedirá el Gobierno Nacional frente a la aplicación de la eutanasia en los niños.
El candidato liberal, Humberto de la Calle, se mostró a favor de la iniciativa argumentando el derecho a la vida. 
“El derecho a una vida digna tiene que extenderse a los niños, no podemos discriminar a los niños, la resolución por fortuna toma en consideración la forma de expresar el consentimiento, es bastante cuidadosa. Me parece que es un paso adelante en un proceso de igualdad y de respeto a la vida digna y no someter a sufrimientos innecesarios a los niños”, destacó.
El aspirante de la denominada Coalición Colombia, Sergio Fajardo, dice que comparte la eutanasia con las condiciones que actualmente existen, pero para las personas mayores. 
“Ya en este terreno nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que discutir muy bien acerca de qué significa esa voluntad, que voluntad tiene un niño, en qué edad, en qué desarrollo emocional están, este es un tema muy profundo y lo que considero es que no hay suficiente información y hay que discutirlo a fondo”, manifestó.
El exprocurador Alejandro Ordóñez rechazó de manera vehemente la propuesta presentada por el Gobierno Nacional. 
“Quieren matar a los niños, quieren matar a los viejos, quieren promover eutanasias, eugenesias, es la cultura de la muerte convertida en política pública, eso es un estado totalitario, vamos a defender a la vida desde su concepción hasta la muerte natural sin ninguna excepción”, indicó.
El exministro Juan Carlos Pinzón cuestionó que el Gobierno esté enfocado en la manera como deben morir las personas y no en el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud.
“No hay Ministerio de Salud pública en Colombia, pareciera que lo que hay es un Ministerio que lo está buscando es como acortar costos, como salir de la vida humana a como de lugar con tal de tener un manejo económico. Lo digo como padre que sabe que es tener un niño especial y esto hay que entenderlo como una bendición y como el deber de atender a un ser humano que está indefenso y que necesita la atención de las familias y del Estado”, indicó.
Asegura que es irresponsable que el Estado colombiano esté enviando señales de rechazo y no de apoyo frente a las situaciones y enfermedades difíciles de muchos niños.

POR AGREDIR A UN PERIODISTA, PROCURADURÍA SUSPENDIÓ A CONCEJAL



El polémico concejal de Medellín, Santiago Jaramillo Botero, fue suspendido en el cargo e inhabilitado por un período de siete meses, en un fallo de la Procuraduría que lo sancionó por agredir al periodista de Telemedellín, Manuel Alejandro Gallego Arango.
Según el Ministerio Público, hay material de video aportado por la Corporación, en el cual se demuestra que el concejal del Centro Democrático golpeó en el rostro al comunicador social. También se tuvo en cuenta en el proceso disciplinario, las denuncias emitidas en los diferentes medios de comunicación que sirvieron para corroborar la conducta de Jaramillo Botero.
Los hechos ocurrieron durante la sesión del Concejo realizada el 9 de octubre de 2017, cuando el dirigente sujetó por los brazos al periodista y posteriormente le propinó una cachetada.

El ente de control calificó la falta de Santiago Jaramillo Botero, como grave a título de dolo, porque incumplió el deber consagrado en el artículo 34, numeral 6, de la Ley 734 de 2002, que indica: “todo servidor público debe tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
La Procuraduría advirtió que “la investidura de concejal de Medellín, le impone un comportamiento ejemplar, no solo frente a los demás miembros de la corporación, sino de los empleados adscritos a la misma y, sobre todo, de la comunidad”.
El fallo de primera instancia quedó en firme porque el sancionado no interpuso el recurso de apelación.
En este caso, la dirección del partido anunció que Santiago Jaramillo sería suspendido, el entonces presidente del Concejo, Jesús Aníbal Echeverri, aseguró que la corporación no fue notificada oportunamente.  Por esta razón, el concejal siguió participando en los debates con voz y voto.    
Luego del anuncio del Centro Democrático, el concejal lanzó duras críticas contra el Senador Álvaro Uribe, a quien le propuso acompañarlo al psicólogo y también lo tildó de liderar una “Secta”.

DOS MIL 200 PERSONAS HAN SIDO DESPLAZADAS



Las víctimas de desplazamiento forzoso aseguran que no tienen garantías de seguridad y que los actores armados aún les controlan el horarioFoto: Organización Indígena de Antioquia


En los municipios de Ituango, Cáceres, Tarazá y Caucasia, el posconflicto estaría fracasando, ubicadas en las subregiones del norte y el Bajo Cauca, ya suman casi 2 mil 200 personas desplazadas en los últimos dos meses, una cifra que no se registraba en Antioquia desde el año 2004, cuando el conflicto armado estaba terminando uno de sus picos más altos.
Dos mil desplazados están en Cáceres, 80 en Ituango y el resto en Tarazá, Caucasia y otros municipios que presentan desplazamientos "gota a gota", donde las familias abandonan sus hogares sin reportar a las autoridades por temor a las retaliaciones. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que hoy hay más enfrentamientos que en la época del conflicto armado.
"Estamos ante un fenómeno donde todavía no tenemos todas las explicaciones, a las bandas les dio por desplazar a los habitantes del campo, los amenazan para no asesinarlos. Aquí todos los días nos toca resolver un problema distinto y Antioquia se ha venido alborotando con este tema de las bandas, pareciéramos estar en una situación más delicada con las Farc y la violencia que antes del acuerdo de paz", dijo el gobernador.
En el Bajo Cauca, donde hay al menos 2 mil 100 desplazados, se enfrentan el Clan del Golfo y el ELN, presuntamente por el control de los cultivos ilícitos. En el Norte de Antioquia, donde la vereda La Ciénaga de Ituango quedó totalmente deshabitada, se enfrentan el Clan del Golfo y dos disidencias de las Farc. En Urabá un policía fue asesinado en las últimas horas y en el Magdalena Medio hay alerta por el aumento de los homicidios.
Hace 14 años Antioquia no afrontaba una situación de desplazamientos masivas como esta, época cuando el Oriente de Antioquia  y el Norte aportaron grandes cifras por los combates entre paramilitares y guerrilleros. un medio de comunicación trató de comunicarse con el Defensor del Pueblo en Antioquia, Jaime Zapata, pero no recibió respuesta del funcionario.


ASESINAN A CINCO MINEROS.



Las autoridades reportaron el hallazgo de cinco mineros muertos dentro de un vehículo en la vereda Los Monos de Amalfi, Antioquia.
Según la información suministrada, los cuerpos presentaban tiros de gracias y además estaban incinerados.
Se conoció que las víctimas de esta masacre  llegaron provenientes del vecino municipio de Anorí, en busca de una mina en esa zona que está a cuatro horas del casco urbano.
Se reporta que en esta zona hay fuerte presencia de la guerrilla del ELN.
La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, confirmó que hasta el lugar se desplazó una comisión integrada por expertos antiexplosivos de la Brigada 14 de Ejército, La Fiscalía, la Sijín y los bomberos de Amalfi.
Las autoridades correspondientes trabajan en las diligencias de levantamiento de los cuerpos, mientras que antiexplosivos aseguran la zona ya que el vehículo, al parecer, fue cargado con explosivos.
Se investigan los móviles y autores del  múltiple crimen, ya que no se descarta que bandas criminales o guerrilleros estén comprometidas con esta masacre.



FISCALÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN PENAL A UNIAUTÓNOMA



La Fiscalía General de la  Nación inició las labores de Policía Judicial que permita dentro de la investigación penal para definir las incidencias que han denunciado los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma del Caribe.
La fiscal encargada, María  Paulina Riveros, también tuvo en cuenta la carta enviada por parte de la ministra de Educación Yaneth Giha, informando sobre las acciones que se han adelantado desde la entidad por la crisis en la UniAutónoma.
"Lo que viene es que iniciamos las labores de Policía Judicial que permitan evaluar y juzgar a las personas señaladas en estas investigaciones", indicó la fiscal encargada.
Claudia Arias, estudiante de comunicación Social señaló que desde que iniciaron las protestas en la Universidad Autónoma se han sentido señalados y en peligro por personas que hacen parte de la institución.
Este jueves la fiscal General de la Nación, (e) María Paulina Riveros, llego a Barranquilla a impulsar políticas contra la violencia intrafamiliar y de paso se reunió con estudiantes y autoridades locales para tratar el tema de la Universidad Autónoma del Caribe.
El sindicato de la UniAutónoma inició una toma pacífica de esa alma mater, en la que no permiten el ingreso a personas diferentes a los miembros de su sindicato, estudiantes o padres de estos.
Por su parte estudiantes de diferentes carreras, con dramatizados y arengas  exigieron la salida del rector Ramsés Vargas y el consejo directivo, mientras que profesores hablan de congelar este semestre y reiniciar a partir del segundo de este año.
Isaias Molina, profesor tiempo completo de esta universidad explicó que consiste en una toma pacífica para llamar la atención de autoridades sobre la crisis por la que atraviesa la institución.
Andrea Hasselbrink, alumna de UniAutónoma dijo que exige la salida de rector a quien se refirió con palabras ofensivas como "rata de alcantarilla" y de su consejo directivo al que calificó de "su cúpula" o círculo familiar.
Juan José Llanos, otro estudiante, explicó que decidieron unirse a la toma porque "personas fuera del sindicato pretendían seguir dando clases a pesar de las irregularidades".
Por su parte Juan Carlos Carrillo, trabajador de la U. se declaró en asamblea permanente para “recuperar lo que queda de dignidad de la alma mater”.
El docente Giovanny Polifronni habló de la posibilidad de congelar este semestre y reiniciar a mitad de este año 2017.

CORTE AVALA LEY DE AMNISTÍA, CON CONDICIONAMIENTOS



Se trata de una serie de beneficios acordados con las Farc, para los integrantes de esa guerrilla y para los agentes del Estado responsables de delitos cometidos por causa y en relación directa del conflicto armado.
La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló este jueves, con algunos condicionamientos, la Ley de Amnistía y Trato Diferenciado que establece una serie de beneficios acordados con las Farc, esto para los integrantes de esa guerrilla y para los agentes del Estado responsables de delitos cometidos por causa y en relación directa del conflicto armado.

Se trata de la Ley que regula la entrega de amnistías, indultos y libertades condicionadas dadas por delitos políticos y conexos y que establece, entre otros, el deber del Estado de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos.
Con una votación 6-1,  y tras varias discusiones, sumado a la modificación de la ponencia presentada por la magistrada Diana Fajardo, la Sala tomó una decisión que va de la mano con el fallo que tomó respecto del Acto Legislativo que creó que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, y que determinó que de no cumplir con los requisitos del sistema los beneficios pueden perderse.
En este sentido la Corte declaró exequibles los artículos 14, 34 y 35 para decir que la entrega de amnistía, indultos o tratamientos equitativos, así como la continuidad de las libertades condicionales dependen del cumplimiento del régimen de condicionalidad que estableció la sentencia C-674 de 2017.
En ese sentido, la Corte señaló que el compromiso de contribuir a la garantía de los derechos de las víctimas es una condición “de acceso y permanencia en relación con la amnistía, indulto y los tratamientos jurídicos especiales”.
En segundo lugar, señala que el complimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de las amnistías, los indultos y los tratamientos “durante la vigencia de la JEP”.
En tercer lugar, se precisa que se entenderá que habrá incumplimiento si la persona, teniendo la obligación de acudir al sistema, se rehúsa a hacerlo de manera injustificada; si no acata los requerimientos del Tribunal de Paz para la reparación de las víctimas y si no acude ante la Comisión de la Verdad y a Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Un punto esencial del fallo de la Corte de hoy es que será al interior de la JEP, y en cada caso en concreto, donde se deberá definir si el beneficiario incumplió con los requisitos o no y en qué grado, para luego establecer qué beneficios se pierden y cuáles no.
A las 5:00 de la tarde el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, dará una rueda de prensa explicando los detalles de la decisión.

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