Un grupo de las
víctimas del accidente de una aeronave que se precipitó contra una panadería en
el noroccidente de Bogotá, el 18 de octubre de 2015 y que dejó 10 personas
muertas; interpuso una demanda contra el Estado con la que pretenden reclamar a
la Aeronáutica Civil más de mil millones de pesos como indemnización, tras
argumentar que el accionar de esta entidad fue irregular, a la hora de
autorizar la operación que terminó en tragedia.
Esta demanda fue
interpuesta ante el Tribunal de Cundinamarca y allí estas personas, apoderadas
en el abogado Ricardo Tapias, solicitan el pago de $1.029’838.238 por concepto
daños emergentes y lucro cesante, advirtiendo que tras el siniestro de esta
aeronave, se vieron seriamente afectados en el aspecto familiar y económico.
Dentro de los
argumentos que se exponen en la demanda, las víctimas señalaron que la licencia
del piloto Juan Pablo Angulo Reyes (quien también falleció en el accidente)
debía estar suspendida, puesto que él fue procesado por nexos con el narcotráfico
y al día en que voló la aeronave no había presentado su licencia
antinarcóticos, la cual es requisito de las autoridades.
“Es concluyente decir
que el piloto JUAN PABLO REYES ANGULO, no tenía el certificado de carencia de
tráfico de estupefacientes renovado, y era imposible que las autoridades lo
concedieran debido a la investigación que pesaba sobre él”, dice la demanda, en
la que también se establece que estos documentos fueron allegados a la
Aerocivil un día después del accidente.
De igual forma estas
personas indicaron que, según las pruebas recolectadas, se determinó que el
último vuelo de la aeronave HK-3917G se realizó en el 3 de octubre de ese mismo
año a la ciudad de Cali, desde donde se volvió a movilizar días antes del
accidente, al parecer sin los permisos necesarios para su operación.
RCN Radio trató de
comunicarse con la familia demandante, pero su abogado indicó que por ahora no
se referirán del tema ante la opinión pública, no obstante se consultó a los
habitantes de este barrio afectado, quienes denunciaron que todavía hay
personas afectadas por este accidente que no han sido reparadas.
Juan Pablo Bueno,
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luján, indicó que “es muy
triste que hayan pasado tres años en los que no ha ocurrido nada, pese a que en
su momento se hicieron las denuncias, somos una comunidad que literalmente no
ha recibido reparación alguna y un ejemplo de eso es que por ejemplo la
vivienda que se vio afectada sencillamente la demolieron y ahí quedó el lote”.
En otro argumento,
las víctimas resaltaron que por instrucción de la Dirección de Servicios de
Navegación Aérea, grupo que forma parte de la Aerocivil, desde el año 2009 se
prohibió la operación de aeronaves a pistón en el aeropuerto internacional El
Dorado, razón por la cual no se podía permitir la operación de la avioneta
siniestrada en esta terminal aérea.
En su demanda estas
personas pidieron al Tribunal de Cundinamarca que ordene a la Aerocivil a
entregar toda la información referente a su caso, tras advertir que en el
informe final se obviaron varios elementos ya denunciados y que se pida a los
entes de control que investiguen lo ocurrido.
“Otra de las
omisiones de y fallas internas, es la ausencia de control documental en la
regulación de los parámetros aplicables a las pólizas de seguros, que se deben
expedir para las aeronaves, debido a que no cubren la totalidad de los riesgos
y posibles daños que se puedan causar”, dice el texto de la demanda.
Este recurso fue
instaurado el pasado 27 de septiembre ante la Sección Tercera del Tribunal
Contencioso y Administrativo de Cundinamarca, el cual la aceptó para su estudio
una semana después y por el momento se encuentra en la etapa de recolección de
testimonios, razón por la cual solicitó una respuesta inmediata a la
Aeronáutica Civil sobre este caso.
