La Procuraduría
General de la Nación advirtió al Gobierno y autoridades locales del país que el
68% de los municipios del país no cuenta con planes de adaptación al cambio
climático, ni con estrategias de reubicación de la población que se encuentra
en zonas de alto riesgo.
Según explicó el
procurador delegado para asuntos ambientales, Gilberto Blanco, “se ha
verificado que 768 municipios tiene población asentada en zonas con riesgo
inminente de deslazamientos, avalanchas e inundaciones”.
“Problemática que se
agrava por la falta de articulación de las entidades que tienen la obligación
de verificar el cumplimiento de las normas ambientales”, manifestó.
El Ministerio Público
considera que esta situación se convertirá en, “una bomba de tiempo para el
país”.
La procuraduría está
reclamando acciones del Gobierno y las autoridades locales para, “prevenir una
tragedia como la que ocurrió en el municipio de Mocoa en Putumayo en abril de
2017”.
Una de estas
situaciones se identificó en el casco urbano del municipio de Pijao, Quindío,
que por sus características geológicas, el deterioro de sus suelos causado por
las actividades humanas y la pérdida de capa vegetal aumenta el riesgo de que
se presente una catástrofe como la mencionada.
Por esto, se solicitó
ante el Tribunal Administrativo de Quindío el amparo de los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles.
Esta petición la
basaron, según la Procuraduría en los principios del Pacto Mundial para el
Medio Ambiente, entre ellos, precaución, prevención, resiliencia, integración y
desarrollo sostenible.
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