A lo largo del río
San Juan, afluente que separa los departamentos de Valle del Cauca y Chocó,
están asentadas decenas de comunidades del pueblo wounaan, una etnia indígena
que está en peligro de desaparecer, según la Corte Constitucional. Allí, desde
agosto, los niños indígenas empezaron a sufrir de diarrea y vómito y varios de
ellos han muerto deshidratados.
No hay claridad sobre
el número de niños que han fallecido. Según el profesor de la comunidad de
Taparalito, Édgar Membache, serían más de 20. Dicha comunidad, que se encuentra
en el área rural del municipio Litoral del San Juan (Chocó), ha sido una de las
afectadas: cuatro de sus niños murieron en agosto.
El profesor Membache
cuenta que los niños se empezaron a enfermar a finales de julio. En la
comunidad no tienen acceso a servicios de salud ni medicamentos. “Eso nos
preocupa mucho”, dice Bernardo Opua, integrante de la comunidad. El 6 de
agosto, el profesor Membache, a petición de los padres, llevó a un grupo de 12
menores de edad hasta el puesto de salud de la comunidad de Palestina, a 15
minutos de Taparalito en lancha por el río San Juan.
“Los niños no tenían
carné de la EPS y no nos querían atender. Nos tocó pagar $25.000 por cada uno”,
cuenta el docente. También afirma que algunos de ellos eran víctimas de
desplazamiento forzado, por lo que tenían derecho a ser atendidos. Sin embargo,
asevera que la respuesta de quienes atendían el puesto de salud fue que ellos
“eran una empresa que no tenía en cuenta eso”.
El 27 de noviembre de
2015, 25 familias de Taparalito se desplazaron hacia el casco urbano de
Buenaventura por hechos violentos ocurridos en su territorio. Tras un año de
desplazamiento, la comunidad llegó a varios acuerdos con las instituciones, que
quedaron consignados en un plan de retorno. El 12 de diciembre de 2016
retornaron 24 familias. Uno de los compromisos que están en el documento es “garantizar
la vinculación al sistema de salud del municipio de Litoral del San Juan”. Sin
embargo, a los líderes les tocó pagar la consulta porque los niños están
afiliados a empresas del Valle del Cauca.
En las consultas
médicas les recetaron unos medicamentos para detener el vómito, la diarrea y la
deshidratación. Sin embargo, la comunidad no pudo acceder a las medicinas
porque no estaban disponibles en el puesto de salud de Palestina y además no
contaban con el dinero para ir hasta el casco urbano de Litoral del San Juan.
De regreso a su comunidad, los niños recibieron un suero casero que les
hicieron sus padres, con lo cual se recuperaron.
Cuatro niños no
contaron con la misma suerte. Los líderes cuentan que en agosto el centro de
salud de Palestina no tenía un profesional para atender a la comunidad. “Hay
semanas en las que no está el médico. A veces pasa un mes y mientras lo vuelven
a contratar no hay personal en el centro asistencial”, relata Opua. El centro
de salud de Palestina es operado por la IPS Capera.
El alcalde de Litoral
del San Juan, Willinton Ibargüen, aseguró que no conocía las muertes de los
niños indígenas en el municipio. Aceptó que la atención en los centros de salud
es inestable, porque muchas veces se quedan sin médicos. Sin embargo, también
señaló que los aborígenes tienen la costumbre de acudir primero al médico
tradicional y, en sus palabras, “cuando ya no hay nada que hacer” buscan la
medicina occidental. Al preguntarle sobre los posibles incumplimientos en el
plan de retorno de Taparalito, el mandatario desestimó las denuncias diciendo
que se habían hecho algunas visitas a las comunidades para solucionar el
problema de las afiliaciones.
“Nunca se ha dado un
retorno como es debido”, asegura la personera del municipio, Mayra Abadía.
“Todas las instituciones están incumpliendo”, agrega. A pesar de eso, dice que
la Personería no ha abierto investigaciones contra ningún funcionario y que le
ha pedido a la Procuraduría que investigue a las IPS que operan los centros de
salud en el municipio, pero las entidades departamentales y nacionales “nunca
han hecho nada”.
Los líderes de
Taparalito tienen otra versión. Aceptan que primero acuden a la medicina
tradicional, pero dicen que los jaibanás reconocen cuando los casos deben
remitirse a los médicos occidentales. Las muertes, para ellos, se dieron debido
a la falta de atención en el puesto médico y a la falta de medicamentos para
atender la epidemia. Aseguran que desde que volvieron no se han hecho brigadas
de salud.
La complicada
situación de salud se suma al conflicto armado que persiste en la región. El
Eln y las Autodefensas Gaitanistas hacen presencia y controlan algunas zonas.
Por ejemplo, las comunidades negras e indígenas que habitan a orillas del San
Juan no han podido volver a pescar en las siete bocanas que tiene ese afluente
debido a que los grupos armados les prohiben transitar por allí.
Los líderes piden que
se hagan visitas médicas a las diferentes comunidades wounaan asentadas a
orillas del río San Juan. Esperan que con medidas como esas se detenga el
avance de una enfermedad que con atención médica seguramente no habría cobrado
la vida de los 10 niños de los que el pueblo indígena tuvo que despedirse.
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