La macabra
organización de contrabando traía medicamentos de Venezuela y Ecuador, los
compraban en el país a pacientes moribundos o los fabricaban para revenderlos
como buenos a EPS e IPS.
La macabra red de
contrabando de medicamentos vencidos en Valledupar Así operaba la red de medicamentos vencidos
que cobró la vida de 16 bebés en Valledupar
María Milagros
Mendoza de Armas nació el 17 de enero de 2017 y murió siete días después. Fue
la última de los 16 bebés prematuros que habrían tenido el mismo sino trágico
en la Clínica Laura Daniela de Valledupar en un lapso de seis meses. La bebé
nació a las 34 semanas de gestación en la unidad de cuidados intensivos, donde
fue sometida a un tratamiento con Survanta, un medicamento esencial que ayuda a
suplir la deficiencia respiratoria de los recién nacidos.
La Fiscalía investiga
16 casos presentados entre el 28 de junio de 2016 y el 24 de enero de 2017,
cuando murió María Milagros. Todos eran prematuros de 30 a 36 semanas de
gestación. Al parecer habría más bebés fallecidos, pues Diana de Armas, madre
de María Milagros, supo de dos casos más en septiembre pasado por las madres
que protestaron en las afueras de la clínica pidiendo claridad sobre lo
ocurrido.
Esta tragedia comenzó
a salir a la luz el 25 de noviembre de 2016 en el hospital departamental
Rosario Pumarejo de López de Valledupar, cuando a la neonatóloga de turno le
pareció extraña que la presentación del producto y su contenido eran diferentes
a los acostumbrados. Por eso, decidió no aplicárselo al bebé que trataba y, de
inmediato, reportar lo ocurrido a la dirección de la clínica. Esta a su vez lo
informó a la Secretaría de Salud Departamental y al Invima.
Además, por protocolo
retiraron el medicamento y suspendieron las compras al proveedor: la Distribuidora
Farmapos, cuyo representante legal hoy está preso. En la Clínica Laura Daniela,
por el contrario, nadie se percató de la calidad de los medicamentos ni hubo
alarmas, a pesar de la continua muerte de bebés.
Finalmente, esta
semana, el caso de los 16 bebés muertos dio un giro cuando la Fiscalía y la
Policía Fiscal y Aduanera capturaron en Barranquilla y en otras cuatro ciudades
a 20 miembros de una organización que compraba medicamentos vencidos en
Venezuela y Ecuador; los traían de contrabando al país, los reempacaban en
envases y cajas con fechas de vencimiento, registros sanitarios y otras
informaciones adulteradas. Después, los vendían a hospitales, clínicas,
farmacias y pacientes.
Esta organización se
concentraba en productos para enfermedades complejas y de alto costo como
cáncer gástrico, de pulmón, mama, colon, vesícula, próstata y testículos; así
como en carcinomas, linfomas, sarcomas y leucemia, entre otras. Se estima que,
al año, facturaban más de 5.000 millones de pesos.
Durante varios meses
un agente infiltrado de la Policía Fiscal y Aduanera siguió, día a día, las
operaciones. También encontró que la red robaba medicinas de alto costo de
almacenes de EPS o, incluso, les recompraban las drogas a personas con
enfermedades terminales para revenderlas. Incluso, tenían laboratorios
clandestinos donde usaban cemento, harina, polvo de maíz, colorantes
artificiales, agua no tratada, entre otros, para fabricar suplementos
multivitamínicos y dietarios, potencializadores sexuales, anticonceptivos,
sueros pediátricos y analgésicos.
Tras conocer a fondo
la operación, finalmente las autoridades pudieron acabar con esta organización
criminal que tenía centro de operaciones en Barranquilla y socios en Cartagena,
Montería, Bogotá y Medellín (ver recuadro). También se vino a saber, de la
manera más dolorosa, que comercializaban el Survanta, causante de la muerte de
los bebés.
Diana de Armas, madre
de María Milagros, dijo que no se detendrá hasta dar con el último de
los responsables del homicidio de su bebé. Ella solo la vio al día siguiente
del parto en la unidad de cuidados intensivos, cuando el médico neonatólogo le
explicó que estaban suministrándole Survanta para madurarle los pulmones, y
alcanzó a ver que sobre el respirador estaba escrito el nombre del medicamento
con letras moradas. Ahora, todo indica que el remedio no funcionó porque estaba
adulterado.
El abogado Luis
Eduardo Avendaño Gamarra, apoderado de otras cuatro madres víctimas, denunció a
María Paulina Martínez Gómez, representante legal de la Clínica Laura Daniela,
por los presuntos delitos de homicidio en concurso con corrupción de alimentos
y productos médicos y falsificación de medicamentos.
Las investigaciones
tomaron un nuevo giro cuando el laboratorio Abbvie, fabricante de los
medicamentos Survanta y Synagis, contrató a la firma de abogados Juritech y Co.
para que denunciara ante el Invima, la Superintendencia de Salud y la
Secretaría de Salud del Cesar la posible adulteración de estos productos, tras
conocer lo que pasaba en Valledupar. Esto motivó una inspección el 27 de enero
del año pasado a la Clínica Laura Daniela, en donde recogieron todos los
medicamentos que tenían porque encontraron que no contaban con las condiciones
necesarias para conservarlos.
Meyer Cañón, perito
de la casa matriz de Synagis y Survanta, al ver los medicamentos decomisados
dijo que la etiqueta y las características de las tintas y del producto eran
tan burdos, que hasta tenían errores ortográficos. En diálogo con SEMANA,
afirmó que por tratarse de un medicamento esencial y ante la aparente urgencia
de la clínica por abastecerse de estos productos, los funcionarios habrían
buscado proveedores locales sin cerciorarse si eran autorizados o no. O, como
ahora cree la Fiscalía, algunos tenían relaciones con la red de contrabando y
adulteración de medicamentos.
Solo por lo ocurrido
en la clínica, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra cinco personas por
los supuestos delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y
simulación de alimentos, productos o sustancias al distribuir medicamentos sin
autorización del fabricante. Están involucrados la Distribuidora Farmapos, cuyo
gerente, Said Moreno Pérez, y la representante legal, France Lozano Sepúlveda,
están detenidos; al igual que Osmany Córdoba Peña, de VC Medical –otra
distribuidora del medicamento–; Lester Turbay, distribuidor independiente de
Survanta; y Aroldo Daza Durán, regente de compras de la Clínica Laura Daniela.
Lo ocurrido en
Valledupar debe alertar a los organismos de vigilancia y control en todo el
país por el preocupante contrabando, falsificación o adulteración de
medicamentos y productos, no solo por la salud y la vida de quienes los
consumen, sino por el hueco que se le está haciendo al sistema de salud y a la
industria legal.
La Policía Fiscal y
Aduanera logró, tras un arduo trabajo de inteligencia, conocer toda la
operación de los traficantes de medicamentos.
Tras cuatro meses de
investigación y seguimiento, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) logró
identificar y capturar el jueves a Fernando Terán, el presunto cabecilla de la
banda, y a 19 presuntos cómplices, la mayoría de los cuales se allanaron a los
cargos. Terán dirigía una operación que comenzaba en la compra de medicamentos
vencidos a miembros de la Guardia Nacional venezolana, quienes los sustraían de
contenedores confiscados a importadores y abandonados en los puertos o a través
de dispensarios de droguerías en Maracaibo, Caracas, San Antonio, Ureña y San
Cristóbal, para ingresarlos por Paraguachón y Cúcuta.
La exitosa operación,
bautizada Farmacostas, es la tercera fase de una investigación contra
falsificadores y contrabandistas de medicamentos para enfermedades
catastróficas. La primera fase se realizó entre junio y julio de 2017, cuando
los agentes capturaron a 10 miembros de la banda e incautaron 24.018 unidades
de medicamentos falsos, en su mayoría provenientes de Venezuela. La segunda, llamada
Fénix, adelantada en Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y
Córdoba y condujo a la captura de cuatro personas, entre ellos Jorge Echavarría
Ojeda, alias Verruga. Esta persona falsificó las cajas de Survanta, vendidas a
la Clínica Laura Daniela de Valledupar, que habrían causado la muerte de 16
bebés. Alias Verruga aceptó los cargos.
En esta última fase
las autoridades incautaron 27.075 unidades de medicamentos y 7.684 dispositivos
médicos como jeringas y elementos de sutura. Entre los 14 capturados en
Barranquilla, hay litógrafos, reclutadores de pacientes del Sisbén afiliados a
la Nueva EPS y contrabandistas de medicamentos. Entre los miembros de esta
organización aparecen financiadores involucrados en el negocio del gota a gota,
otros encargados de conseguir medicamentos de uso institucional, muestras
médicas, medicamentos vencidos y empresas fachada como Distribuidora Médica
Sanjuán, Mediservicios Integrales S.A.S, y BJ Pharma.
También se estableció
que había medicamentos adquiridos a bajos precios y revendidos en Colombia,
donde ingresan de contrabando por la modalidad de hormigueo. Una vez en
territorio nacional, cambian las etiquetas en litografías clandestinas en
Barranquilla y luego los distribuyen en EPS e IPS de la ciudad y de la
región.La meticulosa investigación, que comenzó en un trabajo iniciado por la
Polfa en 2012, ha permitido descubrir organizaciones que crean laboratorios,
farmacias y distribuidores de fachada o que buscan acaparar los medicamentos
del mercado negro para legalizarlos y venderlos. Vendían un lote de
medicamentos adquirido en Venezuela por 500.000 pesos, a 60 millones de pesos
en Colombia. Entre sus ciudades preferidas tenían a Barranquilla porque se
puede usar aeromensajería y hay menos pie de fuerza.En 2017, la Policía Fiscal
y Aduanera logró aprehender 3.696.247 unidades de medicamentos y en lo corrido
de este año ya llevan 2.392.380 unidades en, estimadas 1.060 millones de pesos.
Cifras que, en este contexto, no pueden resultar más macabras.
Sea esta la
oportunidad para ofrecerte incondiciolmente mi amistad, respeto y afecto no
porque te lo quiera ofrecer no porque te lo has ganado y de qué forma.
