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martes, 24 de abril de 2018

CONTRALORÍA ADELANTA 2 PROCESOS CONTRA ALAN JARA, EXGOBERNADOR DE META


El exgobernador del Meta Alan Jara fue llamado a responder ante la Contraloría General por más de $21.513 millones de pesos, ejecutados durante su administración.
Según el ente de control, el primero de los casos está relacionado con los contratos suscritos con la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento por más de $9.220 millones de pesos.

 “En este caso, no se ha establecido el beneficio de los recursos girados por la Gobernación, situación agravada por el hecho de que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en ese momento”, explica el organismo.
Además del exgobernador, quien en su condición de mandatario “era miembro de la Junta Directiva de Llanopetrol”, por este proceso también fueron llamados a responder otros miembros.
El segundo proceso se trata de supuestas “obras inservibles” y se relaciona con “los recursos ejecutados tras el convenio para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio.
La Contraloría pudo establecer, que las obras no fueron terminadas en un 100% según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó́ la totalidad del precio acordado.
Uno de los procesos, recientemente abierto en el mes de febrero de 2018, está relacionado con los giros efectuados por la Gobernación a favor de la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, para los estudios de la refinería del Meta.
Sólo en dicho proceso se evidenció un presunto detrimento patrimonial superior a los $9 mil 513 millones de pesos. El exmandatario fue llamado a responder por el deficiente manejo e inversión de los recursos de regalías transferidos al frustrado proyecto.
En otro proceso, iniciado por la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, el ex Gobernador ha sido llamado a responder por más de $12 mil 293 millones.
En este caso, con recursos de la comunidad se pagó por la construcción de un sistema de saneamiento que no pudo entrar en funcionamiento.

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