El material
probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación le permitió al
Tribunal Superior de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) condenar a 21 años
de prisión (252 meses) a la Juez Segunda Civil del Circuito, Norella Acosta
Tenorio. La funcionaria fue hallada responsable de calidad de autora de las
irregularidades en el proceso de expropiación del complejo turístico Parador
Rojo, en Norte del Valle del Cauca.
La Fiscalía demostró
que la hoy sentenciada incidió al momento de hacer el avalúo de dicho predio
causando un detrimento patrimonial al Estado; en este caso, al Instituto
Nacional de Concesiones (Inco) ahora Agencia Nacional de Infraestructura.
Durante la
investigación adelantada por la Fiscalía se pudo establecer que la servidora
pública había recibido dos coimas de 30.000.000 de pesos, cada una, con el fin
de cubrir unos gastos dentro del proceso de expropiación que adelantaba el
Inco. De la misma manera, se estableció que negoció la entrega del 15% del
total del avalúo que se llegare a acoger como definitivo.
Asimismo, se
estableció que Acosta Tenorio mantenía permanente contacto con uno de los propietarios
del bien inmueble a quien le informaba, no sólo de las actuaciones y decisiones
que se adoptaban en el proceso, sino también de todas las contingencias
sucedidas y la forma de proyectar estrategias tendientes al logro de su
objetivo, que no era otro que acoger, como definitivo, un avalúo ilegal que
contemplaba como valor indemnizatorio una suma que ascendía a los 16 mil
millones de pesos.
Investigadores del
CTI de Buga (Valle del Cauca) capturaron en octubre de 2016, por orden del
Juzgado 39 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a la mujer
quien fue cobijada con medida de aseguramiento en segunda instancia.
Los delitos por los
cuales deberá purgar prisión, así como pagar una multa de 1.012 salarios
mínimos legales mensuales vigentes son: cohecho propio y prevaricato por
acción.
El juzgador determinó
que Norella Acosta Tenorio quedó inhabilitada por 20 años para ejercer sus
derechos y funciones públicas. Se le negó, también, cualquier tipo de
beneficio.
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