La Sala Plena de la
Corte Constitucional determinó que el Estado sí debe costear todos los
tratamientos de fertilidad para parejas que no pueden concebir hijos.
El alto tribunal
declaró infundadas las objeciones del Gobierno a la ley Sara, la cual busca
proteger los derechos de ese grupo de personas y ordenó incluir estos
tratamientos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
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