Ministerio de Salud
le dio luz verde a una resolución que se venía cocinando desde finales del 2018
y que busca poner unos valores máximos a las medicinas que paga el Estado por
el llamado NO POS. En 2017 representaron un gasto superior a $3 billones.
A finales de la
semana pasada, mientras el país aún trataba de descifrar el enredo en que se
había convertido la discusión sobre las objeciones a la JEP, el Ministro de
Salud, Juan Pablo Uribe, firmó un documento que desde hace meses estaba
planeando esa cartera y que promete resolver uno de los mayores problemas del
sistema de salud: contener los altos precios de los medicamentos. (Lea Consejo
de Estado no le da razón a farmacéuticas y respalda entrada de biotecnológicos)
Se trata de la
resolución 1019, a la que Uribe le dio luz verde el 2 de mayo. Con su aval
quedó en firme una idea que se venía cocinando desde finales del año pasado y
que busca poner un tope a los valores de un gran grupo de medicinas. En
palabras resumidas, el documento, de tan solo cuatro páginas, quiere evitar
algo muy frecuente en el mundo farmacéutico: que laboratorios, EPS y los
operadores logísticos le cobren al Estado precios muy diferentes por un mismo
medicamento en el llamado NO
Para entender,
basta un ejemplo: el Etoricoxib es un popular antiinflamatorio y
antirreumático. También está clasificado como uno de los analgésicos orales más
efectivos contra el dolor agudo. Sin embargo, su valor en Colombia variaba con
frecuencia. En ocasiones, el Sistema de Salud pagaba un miligramo a $7, pero
otras veces lo debía pagar a más de $58. Esta gráfica lo explica mejor:
Es difícil saber
los motivos de esos precios tan diferentes, pero para evitar que eso continuara
sucediendo el Minsalud creó un modelo que le permitió establecer unos “valores
máximos de recobro”. En el caso del Etoricoxib será de $29,65 por miligramo.
Como este también
hay otros 49 principios activos (el ingrediente clave de un medicamento) que
hacen parte de esta primera tanda de regulación. Principios activos más
populares como el Diclofenaco y que son la base esencial de muchos geles o
ungüentos que se venden bajo distintos nombres, también entraron en el listado.
Como se lo había
dicho a este diario Diana Isabel Cárdenas, viceministra de Protección Social,
este nuevo plan está apartado de la regulación de precios de medicamentos, que
tanto promovió el ex ministro de Salud Alejandro Gaviria. Su idea está
relacionada con un eterno dilema que enfrentan los todos los sistemas de salud:
la manera en que se usan los recursos.
“No es una
regulación de mercado. Si alguien quiere venderlo a un precio superior, puede
hacerlo, pero el Estado no va a pagar más del valor especificado. Simplemente
estamos diciendo cómo vamos a gastar los recursos del sistema", advirtió
hace unos meses a El Espectador. "Estamos haciendo política pública
basados en la evidencia", dijo en aquel entonces.
A lo que se refería
Cárdenas era a que la evidencia es contundente cuando se examinan los
diferentes precios que el Estado paga por muchos fármacos y que constituyen una
de las principales grietas del sistema de salud: los llamados recobros al NO
POS. Otro ejemplo, reseñado por este diario, basta para entender la
complejidad: medicinas como la velaglucerasa alfa, para tratar la extraña
enfermedad de Gaucher, fueron recobradas por Sanitas (y su proveedor Cruz
Verde) a un precio 33,1 % mayor que el que pidieron otras EPS en 2017. Por cada
frasquito el Estado pagó $1,6 millones de más.
La idea, sin
embargo, ha generado cierta inquietud en el sector farmacéutico. Para José Luis
Méndez, presidente del gremio de laboratorios nacionales (Asinfar), esta
“regulación de valores máximos de recobro no puede convertirse en una
regulación paralela de precios, que le corresponde a la Comisión Nacional de
Precios”.
Entre sus
argumentos, hay uno en especial que recalca: “El valor calculado para un producto
no puede estar por debajo de su valor histórico de salida del laboratorio. Sin
embargo, esta situación se evidencia en este primer listado. No nos oponemos a
contribuir con la sostenibilidad del Sistema, pero debe ser sostenible por
todos y para todos”, señala.
El Ministerio de
Salud y la ADRES, que es la entidad encargada de pagar los recobros a las ESP,
también tienen cifras contundentes que muestran la necesitad de tapar esa
grieta que generan los medicamentos que no están en el POS. En 2017 Colombia
pagó $3,03 billones por esas tecnologías, algo así como la cuarta parte de lo
que costaría la primera línea del metro de Bogotá. En 2015 y en 2016 el gasto
había sido mucho menor: de $2,5 billones y de $2,8 billones.
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