En un fallo de
segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó condenó a la Nación a
pagar una indemnización de 312 mil millones de pesos, a las 1.195 personas que
huyeron de Bojayá, tras la masacre del 2 de mayo de 2002.
La explosión de un
cilindro-bomba en la Iglesia del municipio, cobró la vida de 119 habitantes; en
un hecho que todavía resuena en la memoria de los afectados.
La sentencia, con
ponencia del magistrado Norma Moreno, señaló que si bien los daños fueron cometidos
por guerrilleros de las Farc y los Paramilitares, el Estado es
administrativamente responsable, por no atender las alerta de Naciones Unidas y
la Defensoría del Pueblo.
Estas autoridades
habían advertido en su momento sobre una posible incursión de esos grupos
armados a Bojayá.
“A la Fuerza
Pública le hubiera bastado preparar una operación humanitaria con un puente
aéreo para evacuar a los civiles y salvar sus vidas, mientras se tomaba el
control militar de la zona", dijo el fallo.
El líder de las
víctimas de la masacre, Leider Palacio, celebró que el Tribunal haya reconocido
que el Estado no les brindó la protección a las víctimas del ataque.
“Recibimos el fallo
con un poco de alegría y motivación porque se reconoce las afectaciones que
hemos tenido. Han sido muchas las pérdidas y esto reconoce que el Estado no
estuvo a la altura de la protección de nuestros derechos”, señaló.
Palacio, quien
perdió a más de 32 familiares en la masacre, consideró que la decisión llegó
tarde, pero todavía se pueden mitigar un poco las afectaciones de las miles de
personas damnificadas.
"Ya son 17
años después de los hechos., pensábamos que esto no iba a pasar, que la
institucionalidad no iba a funcionar, pero es una oportunidad para recuperar y
mitigar esos dolores que ha dejado esta tragedia", puntualizó.
La decisión
resuelve las acciones de un grupo de familias que debió abandonar Bojayá
huyendo de la guerra entre paramilitares y guerrilleros. Ellos pedían que el
Estado les respondiera por los daños sufridos y hoy el tribunal les dio la
razón.
Con anterioridad el
Estado había sido condenado a pagar más de 1.552 millones de pesos como
indemnización a los familiares de dos de las víctimas de la masacre de Bojayá.
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