El
país
La tragedia de la
niña de cinco años obligada a consumir marihuana por dos jóvenes, de 13 y 18
años, en Siloé, ladera de Cali, tiene un cóctel de situaciones adversas que
podrían describir ciertos escenarios de Colombia: consumo de drogas a temprana
edad, desplazamiento forzado, pobreza extrema y una frágil protección a la
población infantil.
En el video
conocido a través de redes sociales, se ve a un grupo de tres jovencitas -dos
de ellas hermanas- fumando marihuana en el cuarto de su casa. Acuestan a la
menor en una cama y le prometen una paleta si abre su boca para recibir el humo
inhalado segundos antes por una de ellas. La niña en medio de su inocencia
acepta la petición de sus vecinas y al término del acto las adolescentes ríen a
carcajadas.
La niña víctima
es una indígena que llegó a Cali el pasado mes de febrero junto a su mamá,
papá, y cuatro hermanos, provenientes del Alto Baudó, oeste de Chocó. Ellos
hacen parte de las 1922 personas, pertenecientes a 19 comunidades, que han
abandonado su territorio desde el 23 de octubre del 2017 cuando el ELN asesinó
al líder social Aulio Isarama, según el reporte de la Unidad de Víctimas.
De acuerdo con la
Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, en
ese municipio hay una cruenta guerra entre el ELN y bandas criminales que
buscan el control del territorio para el narcotráfico.
En su afán por
dejar atrás la violencia, la familia indígena viajó 415 kilómetros desde el
Alto Baudó hasta Cali, luego otros 4,4 kilómetros más desde la Terminal de
Transportes, norte de la ciudad, hasta el barrio El Lido y desde la estación de
Policía de esa zona avanzaron otros 30 minutos en carro hacia la ladera para
finalizar su trayecto en el sector ‘El Tierrero’, atrás de la famosa estrella
de Siloé.
Allí encontraron
apoyo en los vecinos y el alquiler a un precio accesible de una deteriorada
casa arriba de una loma de platanales. “Ellos tienen una cultura muy diferente;
por ejemplo no hablan muy bien español y son muy confiados. Los niños andan descalzos
y desnudos y les encanta estar trepados en los palos o meterse a nadar en las
quebradas”, dice José González, residente del lugar.
‘El Tierrero’
tiene la mayoría de sus calles despavimentadas. Son estrechas con pasadizos
elevados, donde se puede apreciar el consumo de drogas de jóvenes entre los
platanales. Hay una improvisada cancha con un único mural: una gigantesca rosa
y un mensaje de apoyo de la Farc que marca el camino hacia la zona rural de
Cali.
“Los jóvenes en
Siloé tienen mucho tiempo de ocio, porque la mamá sale a trabajar temprano, el
papá también, entonces quedan los niños solitos y pasa lo que se pudo
evidenciar en el video: empiezan a jugar con las cosas que están consumiendo.
Allí hay una cadena, la de 18 le da a la 13 años y ambas se juntas para darle a
una niña de 4. Si no le ponemos el tatequieto a eso con proyectos sociales, el
consumo y la adición seguirá en aumento aquí”, explicó Alezander Guerrero,
líder social de la Comuna 20.
Mientras los
papás de las niñas indígenas salen a trabajar, su cuidado queda a manos del
personal de la Biblioteca la Esperanza. “En este lugar hacen parte de algunos
programas que tenemos como el comedor comunitario. También practican música y
entrenan fútbol”, manifiesta Carmen Elena Rosero, coordinadora del sitio.
Ella insiste en
que en el sector de ‘El Tierrero’ son muchos los jóvenes que abandonan el
colegio a tempranas edades por la violencia y el impedimento de cruzar de una
cuadra a otra. En ese lugar hay muchas fronteras invisibles.
“Los niños
indígenas desfilan por aquí con su mamá y parecen una escalera: todos pequeños,
pero no están separados por mucha edad. Algunas personas los toman de burla y
como ellos no entienden, sonríen”, señala Lucio Ramírez, vecino del sector.
Según él, es normal que los jóvenes consuman droga en sus casas y que como “un
acto de chiste le den a probar a los más chiquitos”.
Érika, la mamá de
la menor afectada por este hecho, no se imaginaba ese escenario permeado por la
maldad. “Cuando vi el video lloré y no pude dormir”, afirma con un atropellado
español. Ahora, su batalla es contra las autoridades que amenazan quitarle la
custodia de sus cinco hijos.
El País consultó
a María del Rosario Palacios, directora de la Unidad para la Víctima en Chocó,
quien no sabía de la existencia de este video, pero tras analizarlo manifestó
que es reprochable y que instalará un puente de comunicación con la regional
del Valle. “Si tengo que ir hasta allá voy a ponerme al tanto de este caso”,
señaló.
Aseguró que en
Chocó ya está instalada desde agosto una mesa técnica para facilitar el retorno
de las comunidades indígenas desplazadas del Alto Baudó.
Entre tanto, las
autoridades indicaron que la menor de 13 años fue aprehendida y entrará en un
proceso de restablecimiento de derechos, mientras que a la joven de 18 años se
le abrió un proceso judicial y deberá responder por el delito del suministro de
sustancias ilícitas a menores de edad.
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