La Fiscalía General
de la Nación reveló este jueves que la desmantelada red de ‘chuzadas’
telefónicas ilegales, a la que se vincula al general (r.) Humberto Guatiboza,
habría interceptado celulares, chats y seguimientos a reconocidas empresas como
Goodyear, Davivienda, Avianca, Argos, Incauca, Servientrega y Bayer, entre
otras.
Durante la audiencia
de legalización de captura de Guatibonza y otros dos detenidos en las últimas
horas ( Carlos Arenas y Julián Villarraga), el ente investigador aseguró que
existen 175 carpetas que contienen información de más empresas.
La Fiscalía señaló
ante el juzgado Noveno con Función de Garantías de Bogotá que la red de
‘chuzadas’ ilegales pedía entre 400 mil pesos y más de 4 millones de pesos para
adelantar las interceptaciones.
"Igualmente
estarían ofreciendo la posibilidad de controlar y acceder a las comunicaciones
mediante mensajes de trasmisión de datos como son recuperar mensajes de WhatsApp
con palabras claves de temas principales, seguimientos diarios en
comunicaciones por WhatsApp (y) ubicaciones de equipos telefónicos en tiempo
real", reveló el organismo.
Durante la audiencia,
el juez noveno avaló las capturas del general (r) de la Policía Humberto
Guatibonza Carreño, de Carlos Eduardo Arenas Valero y de Julián Villarraga,
quienes son requeridos por las autoridades por su presunto vínculo con una red
dedicada a interceptar comunicaciones.
La Fiscalía los
señaló por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de
redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático,
interceptación de datos agravado.
Según la
investigación, Guatibonza estaría involucrado en una organización dedicada a la
interceptación ilegal de comunicaciones que operaba en Bogotá, Ipiales (Nariño)
y Cali.
El escándalo se
destapó a comienzos del mes de agosto, cuando la Fiscalía confirmó que fueron
asegurados varios presuntos integrantes de la red dedicada a interceptar
comunicaciones de manera ilegal.
El organismo logró
acopiar material probatorio con el que se demuestra que quienes hacían parte de
esta organización criminal, integrada en su mayoría por expolicías y ex
militares, accedieron de manera ilegal a comunicaciones privadas.
Los operativos se
desarrollaron en Ipiales (Nariño), en Cali (Valle del Cauca) y en Bogotá. Daban
cuenta que los miembros de la red cobraban alrededor de 3 millones de pesos por
cada actividad ilícita.
En la audiencia de
este jueves el fiscal Ricardo Martínez también explicó cuál era la manera de
actuar de los investigados desde la zona de frontera con Ecuador y diferentes
regiones del país.
Según el funcionario,
desde las empresas JHS Consultores, HGC Consultores, Quarlom, Global Security,
AYG y VIP Security Ltda se realizaron las interceptaciones ilegales.
"Al parecer
estas empresas fueron direccionadas por parte de oficiales con cursos de inteligencia
del Ejército Nacional y de la Policía Nacional y personas particulares, quienes
durante su trayectoria profesional habrían adquirido destrezas para que de
manera ilegal ofrecer estos servicios de interceptación ilegal",
manifestó.
En la diligencia, el
fiscal del caso señaló a los tres capturados por los delitos de concierto para
delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un
sistema informático e interceptación de datos agravado.
Una de la ficha clave
de esta organización sería la hacker María Lucía Pinzón, quien era la encargada
de la parte técnica de las chuzadas. Aunque sólo fue mencionada se espera que
sea quien prenda el 'ventilador' en este proceso.
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