En la tarde de este
lunes agentes del CTI de la Fiscalía General capturaron al suspendido
gobernador de San Andrés, Ronal Housni Jaller y la exmandataria de la isla,
Aury Guerrero Bowie en el marco de una investigación que se adelanta por las
presuntas irregularidades en la celebración de millonarios contratos.
Los dirigentes
políticos tienen pendiente una imputación de cargos por supuestamente desviar
más de dos mil millones de pesos en la celebración de contrato para la
construcción de un megacolegio en la isla el cual le fue entregado a una
empresa que no cumplía con los requisitos y que estaba en la mira de las
autoridades por casos de corrupción.
La investigación de
la Fiscalía General indica que el 23 de diciembre de 2014, la Gobernación firmó
un contrato por 50 mil millones de pesos para la construcción del 'Centro de
Educación Media Diversificada' (Cemed) Antonia Santos "que serviría a la
población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina".
Sin embargo, cuatro
años después de la celebración de este convenio sigue en obra y su construcción
no alcanza el 50%. Los investigadores indicaron que en el cuestionado contrato
se señalaba que el colegio debía entregarse en diciembre de 2015.
La millonaria obra le
fue entregada a una firma liderada por Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez
Cardona, quienes enfrentan una investigación por el presunto desfalco a los
recursos de valorización en la ciudad de Armania.
Por estas
irregularidades contractuales, los gobernadores de San Andrés deberán responder
por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y
contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La Fiscalía General
le solicitará a un magistrado con función de control de garantías que cobije
con medida de aseguramiento a los gobernadores.
Las autoridades
capturaron al secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano; la
exsecretaria de educación, Edelmira Archibold Hawkings; la jefe de la Oficina
Jurídica, Ain Zulema Conolly, la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez
García: la supervisora de contratos, Elizabeth O'Neill; los contratistas
Mauricio José Rodríguez Cotua, Sergui Fabian Lever Whitaker y Luis Alberto
Urrego y el ingieniero Juan Diego Alvis.
Igualmente, el ente
investigador compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se
investigue la presunta responsabilidad del representante a la Cámara, Jack
Housny Jaller, hermano del gobernador Ronald Housny.
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