Por solicitud de la
Fiscalía fueron privados de la libertad, consistente en detención domiciliaria,
tres hombres y una mujer que son investigados por hechos ocurridos en julio de
2016 en Villavicencio (Meta).
Se trata de Hugo
Leonardo Ortiz Cárdenas, funcionario de la alcaldía de Villavicencio; Elmer
González González, representante legal de Asomaroquia (contratista); Néstor
Hernando Romero García, gerente de las TIC en esa empresa y Jaqueline Casallas
Bautista, exempleada de Asomaroquia (tenía contrato por prestación de
servicios).
Según la Fiscalía,
los procesados estarían inmersos en irregularidades relacionadas con el
incumplimiento del convenio 0787 realizado el 11 de julio de 2016 entre la alcaldía
de Villavicencio —a través de la Secretaría de Educación— y la Asociación de
Municipios de Amazonía y la Orinoquía (Asomaroquia) por $1.933’180.217, para la
prestación del servicio de internet y conectividad a 149 instituciones
educativas oficiales esa ciudad.
La medida fue tomada
por el Juzgado 3o Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías
luego de adelantar las audiencias de legalización de captura e imputación de
cargos contra los detenidos.
Por estos hechos, la
Fiscalía les imputó a los implicados cargos como presuntos responsables de los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso
homogéneo, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad
en documento privado. Ninguno aceptó su responsabilidad.
Las audiencias
concentradas fueron realizadas luego de revocarse la medida donde se había
declarado ilegal su captura, en septiembre de 2018.
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