El juez primero de
ejecución de penas de Bogotá le otorgó la libertad condicional al exsupervisor
del Grupo Anticorrupción de la Dirección Operativa del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), Bernardo Murillo Cajamarca.
En la determinación
se consideró que el exfuncionario ya cumplió las tres cuartas partes de la pena
impuesta por su responsabilidad en los seguimientos ilegales y “chuzadas” a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Murillo Cajamarca fue
capturado el 9 de abril de 2010 en el desarrollo de un gigantesco operativo en
contra de los directivos del organismo de seguridad. Durante ocho años y 10
meses estuvo privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
La defensa del
exdetective del DAS sostuvo que el 25 de febrero de 2019 cumplió la mayoría de
la sentencia de 12 años de prisión impuesta en mayo de 2014 por el Tribunal
Superior de Bogotá y ratificada en noviembre de 2017 por la Corte Suprema de
Justicia.
En los documentos presentados
ante el juzgado de ejecución de penas se sostuvo que por estudio y buena
conducta se le reconoció a su cliente una redención en la pena de 22 meses y 20
días. Estos registros fueron avalados por el despacho que ordenó su libertad
inmediata.
Murillo Cajamarca fue
sentenciado por haber ordenado la recolección de información privilegiada de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y obtener datos de sus
actividades públicas y privadas.
El objetivo de este
plan era crear una campaña de desacreditación mediante la filtración o
suministro de “información imprecisa, mentirosa y sesgada” a los medios de
comunicación y así afectar su imagen ante la opinión pública.
Producto de esta
labor se publicó en una revista de circulación nacional la historia de los
presuntos vínculos que tenían los magistrados de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia con un empresario del Huila señalado de tener
nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Los detectives
habrían utilizado gastos reservados del organismo para obtener unas fotografías
de una fiesta privada organizada por el empresario Ascencio Reyes en la ciudad
de Neiva. Igualmente habrían presionado la obtención de testimonios para
señalar al entonces presidente de la Corte, Yesid Reyes de haber participado en
un homenaje en junio de 2006.
En las operaciones
‘Paseo I, II y III’ el DAS además recolectó de manera indebida e ilegal
información en la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para
filtrar movimientos bancarios y financieros de los magistrados.
Toda esta información
llegaba al despacho de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien ya
fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión.
Por estos hechos fue
sentenciado por su responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y
concierto para delinquir agravado, mientras que se le prescribió la investigación
por el delito de abuso de la función pública.
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