Si bien la
Jurisdicción Especial para la Paz nunca le dio un ultimátum al excomandante de
las Farc Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, más conocido como ‘El Paisa’, para
que compareciera ante dicho tribunal, si puede estar en riesgo de perder los
beneficios adquiridos tras su sometimiento.
Todo por cuenta de la
negativa del excomandante a rendir su versión voluntaria en el caso 001 que
abarca los secuestros cometidos en el conflicto armado por parte de la
guerrilla de las Farc. Sin embargo, 'El Paisa' puede jugarse su última carta
para continuar con los esos privilegios jurídicos que le fueron otorgados durante
el acuerdo de paz.
Los magistrados de la
Sala de Reconocimiento, en cabeza de la magistrada Julieta Lemaitre, acordaron
dar un plazo de tres días hábiles para que este justifique el motivo por el
cual no se presentó.
Pese a que le dieron
una última oportunidad, Lemaitre fue enfática en asegurar que de no presentar
ningún recurso el proceso judicial del excombatiente pasará automáticamente a
la justicia ordinaria, es decir, sería juzgado por la Fiscalía, esto en caso de
descubrir que delinquió posterior a la firma final del acuerdo de paz.
‘El Paisa’ se ha
convertido en el dolor de cabeza de la JEP, pues esta no es la primera negativa
de su parte por lo que en su contra cursa un incidente de incumplimiento que
tuvo origen desde el pasado 26 de octubre. De considerarse que ha existido
desacato de su parte, la JEP explicó que el incumplimiento conlleva a la
pérdida de beneficios, incluyendo las libertades y la suspensión de las órdenes
de captura.
Ha sido tal la
preocupación por la no comparecencia del exsubversivo que la misma Sala que hoy
le está dando la oportunidad de presentarse nuevamente, en enero pasado dejó en
firme la práctica de pruebas en su contra, por lo que no escatimó en ordenar a
entidades gubernamentales la entrega de informes que permitieran dar con el
paradero del excombatiente.
En su momento la Sala
de Reconocimiento le ordenó a la Comisión de Paz del Senado de la República que
allegara la información recaudada y el reporte final de la visita realizada por
esa Comisión al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de
Miravalle (Caquetá), lugar donde siempre se conoció que permaneció durante tras
el acuerdo y donde se le vio por última vez.
Además, le ordenó al
Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General y a la
Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán que enviaran copias de las actas
de las sesiones que ha realizado el Puesto de Mando Interinstitucional en ese
lugar desde su instalación hasta la fecha del auto que dictaminó la práctica de
pruebas.
Y, como un pedido
especial, la Sala le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la
JEP, viajar hasta Miravalle para recolectar testimonios e información que
permitieran dar con el paradero del excombatiente. Hasta el momento, no se han
conocido públicamente los informes que solicitó la JEP, pero la entrega de los
mismos debe hacerse el próximo 21 de marzo.
Los llamados de la
JEP a 'El Paisa'
El pasado 10 de
septiembre la Sala le solicitó a 31 exmiembros del Estado Mayor de las Farc que
comparecieran en el denominado caso 001, que abarca todos los secuestros
cometidos en el marco del conflicto, en dicho llamado está vinculado ‘El
Paisa’.
Además, se les
solicitó que entregaran ante el Tribunal informes de sus actividades
relacionadas con sus acciones tras la firma del acuerdo. Si bien algunos lo
entregaron, otros más, interpusieron pidieron aplazamiento, pero en el caso
preciso de Velásquez Saldarriaga, la JEP nunca tuvo pronunciamiento.
Posterior a ello, en
la diligencia de inicio de reconocimiento 001 que se registró ante la Sala,
tampoco compareció, ni allegó información de quien pudiese representarlo. Así
las cosas, desde ese momento, un abogado del Sistema de Asesoría de la JEP, ha
venido haciendo las veces de defensor del excombatiente.
En cuanto a la
práctica de pruebas que anunció la JEP, estas tienen plazo de entrega durante
esta semana. Una vez estén en el despacho de la jurisdicción se trasladarán al
‘Paisa’ o en su defecto su abogado, y al delegado de la Procuraduría para que
presenten sus intervenciones en un término de 10 días hábiles.
Una vez las partes
conozcan del material, la Sala de Reconocimiento citará audiencia en la que se
definirá la situación del excombatiente. “En esta diligencia se establecerá el
tipo de sanción que le puede ser impuesta al compareciente, en caso de que se
compruebe la existencia del incumplimiento”, advierten.
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