La
política migratoria de Donald Trump y su decisión de abandonar el consejo de
Derechos Humanos de la ONU han provocado un rechazo prácticamente unánime
dentro y fuera de Estados Unidos y han situado al mandatario en uno de los
momentos más complicados desde su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.
Las imágenes de los
niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de
jaulas, han generado un repudio sin precedentes a la decisión de Trump de
separar a los hijos de los padres de inmigrantes indocumentados en la frontera
sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión pública mundial.
Las mayores críticas
al Gobierno, que reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a
2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19
de abril y el 31 de mayo, proceden de la oposición demócrata y grupos de
defensa de derechos humanos, pero también de dirigentes republicanos y países
vecinos.
Los últimos en
rebelarse han sido varios gobernadores, que han cancelado su aportación a la
militarización de la frontera con México ordenada por Trump.
Aunque la mayoría son
demócratas, como los de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Pensilvania,
Nueva York o Rhode Island, también hay republicanos, como los de Massachusetts,
Maryland, Nebraska o Florida, Rick Scott.
Este último instó a
Trump a "detener" la separación y pidió información sobre la
reapertura de un albergue para estos menores en Homestead, al sur de Miami y
donde ayer se impidió la entrada al senador Bill Nelson.
Mientras, el estado
de Nueva York anunció que demandará al Gobierno federal por violar los derechos
constitucionales de padres e hijos separados en la frontera, de los cuales más
de 70 han sido trasladados a la "Gran Manzana" desde abril pasado.
"Los niños están
siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener
lo que la administración quiere", dijo el gobernador del estado, Andrew
Cuomo, a la prensa.
También han sido muy
críticos destacados dirigentes republicanos, como su líder en el Senado, Mitch
McConnell.
"Yo y todos los
miembros de la conferencia republicana apoyamos un plan que mantenga unidas a
las familias mientras se determina su estatus migratorio", señaló
McConnell, que espera un rápido acuerdo con los senadores demócratas sobre una
ley que ponga fin a estas rupturas familiares.
Horas antes, Trump
había reafirmado su apoyo a la política de "tolerancia cero" y
asegurado que los culpables son los demócratas, que pretenden que la
inmigración ilegal "infeste" el país.
El Gobierno ha
admitido que la separación de los niños de sus familias en la frontera tiene
como fin disuadir la inmigración ilegal, una táctica que ya había adelantado
hace un año el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que podría
adoptar.
La Unión
Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) reclamó por su parte que si el
Gobierno continúa con las medidas, asegure al menos la reagrupación de las
familias separadas.
El pasado fin de
semana, el Gobierno permitió el acceso de periodistas al centro de detención de
Casa Padre en Bronwsville (Texas), donde comprobaron cómo los niños conviven en
un antiguo almacén con habitaciones sin puertas ni techos.
En el extranjero, las
mayores críticas proceden de los países de origen de los inmigrantes, como
México, El Salvador o Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, aseguró hoy
que la "grandeza y nobleza" de EE.UU. están en juego con una política
que ha separado a 2.000 niños, de los cuales 465 son guatemaltecos.
También México plantó
cara a Trump al calificar de "inhumana y cruel" las medidas, mientras
Honduras pidió un cambio ante lo que calificó de situación
"alarmante" y dijo que contra quien hay que luchar es contra los
"traficantes y tratantes de personas".
En medio de toda esta
polémica, EE.UU. anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, una decisión "decepcionante, pero no sorprendente"
para la ONU.
En una rueda de
prensa sin preguntas en Washington, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley,
justificó la decisión por las posturas de países como China, Venezuela, Cuba o
la República Democrática del Congo, que, a su juicio, "no respetan"
los derechos humanos.
Esta retirada es el
último rechazo de EE.UU. a sus compromisos multilaterales tras abandonar la
Unesco, el Acuerdo climático de París y el pacto nuclear con Irán, y aleja cada
vez más al país más industrializado del mundo del consenso internacional.
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