Ante la Sala de
Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y
Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz acudirán este viernes
los antiguos jefes de la extinta guerrilla de las Farc, para responder por
desaparición y secuestro de personas por requerimiento de la Fiscalía General
de la Nación.
Según la citación de
la JEP, los ex miembros de las Farc comparecerán a la diligencia de inicio de
la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de
los hechos y conductas.
Así lo establece el
auto No.002 de 2018, por medio del cual la Sala de Reconocimiento decide avocar
el conocimiento del Caso No. 001 con base en el informe No. 2 denominado
“Retención ilegal de personas por parte de la Farc-EP”, que recientemente
entregó la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la
Paz”.
Carlos Antonio
Lozada, vocero del partido Farc y quien hizo parte del Secretariado de esa
guerrilla, dijo que cumplirán con su compromiso de comparecer ante la JEP.
“Fieles a lo acordado
y los compromisos pactados en La Habana vamos a asistir, no todos los 32
miembros del Estado Mayor, habrá unos delegados, los demás lo harán a través de
unos apoderados”, señaló el vocero.
La dirigencia de la
antigua guerrilla será informada en la diligencia, primero, de la notificación
del inicio del Caso No.001, a partir del informe No.2 presentado por la
Fiscalía.
Segundo, la JEP
decretará “abierta la etapa de ‘Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y
Determinación de los Hechos y Conductas”. Tercero, el organismo de justicia
alternativa “recordará
los deberes propios del régimen de condicionalidad”.
Por último, la JEP
“trasladará a los convocados el referido informe No.2 junto con sus
respectivos anexos y hará entrega de la base de datos de la Fundación País
Libre”.
Sobre la diligencia
de la tarde del viernes, Carlos Antonio Lozada señaló que “estaremos allí
ratificando nuestro compromiso con la verdad y con los derechos de las víctimas
para avanzar en el proceso de asumir responsabilidades e invitar a otros
sectores que intervinieron en el conflicto a asumir responsabilidades y que
aportemos a ese proceso de reconciliación de perdón y reconocimiento del
derecho de las víctimas”
Explica la JEP que
una vez iniciada la diligencia, “los Magistrados y Magistradas de la Sala de
Reconocimiento darán traslado a los comparecientes de las FARC-EP de un
listado de personas presuntamente retenidas de manera ilegal por la antigua
guerrilla y de cuyo paradero no se tiene conocimiento. Este listado hace parte
de la base de datos que la Fundación País Libre presentó a la JEP”.
La Sala de
Reconocimiento tuvo en cuenta, como referencia informativa, los informes “Una
Sociedad Secuestrada” y “Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC
1949-2013”,
publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Entre los llamados a
comparecer por secuestro y desaparición de personas están siete de los futuros
congresistas del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común:
Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Jesús Santrich, Byron
Yepes, Olmedo Ruiz y Marco Calarcá.
Se conoció que la
Fiscalía General de la Nación garantizó y dispuso de los medios virtuales, en
coordinación con el INPEC, para que Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido
también como ‘Jesús Santrich’, comparezca a la audiencia convocada para este
viernes por la Jurisdicción Especial para la Paz.
A través de una carta
dirigida a la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y
Responsabilidad, Julieta Lemaitre Ripoll, la dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía indicó que todo está dispuesto para que Santrich
pueda responder ante la JEP, de manera virtual, desde su sitio de reclusión en
la cárcel de La Picota.
La JEP manifiestó que
al avocar el conocimiento de este caso, la Sala de Reconocimiento “aplica los
criterios de priorización adoptados por esta el 28 de junio pasado, luego de
un periodo de socialización y recepción de comentarios”.
”Esos criterios,
adoptados por la Sala hacen parte de una guía, que tiene en cuenta la gravedad
de los hechos, magnitud de la victimización, impacto diferenciado en las
víctimas, impacto en pueblos étnicos y otros sujetos colectivos. La
aplicación de los criterios permite priorizar en los casos y situaciones que
conoce la Sala de Reconocimiento, que involucran los hechos más graves y
representativos del conflicto y a los máximos responsables de crímenes no
amnistiables”, precisa.
Aclara que de los
informes recibidos, solo el informe No.2 de la Fiscalía, titulado “Retención
ilegal de personas por parte de la Farc-EP” es exclusivamente sobre la antigua
guerrilla, pero “adicionalmente
la Sala de Reconocimiento se apoya en dos informes del Centro Nacional de
Memoria Histórica sobre el mismo tema”.
A esta primera
diligencia ante la Jurisdicción Especial de Paz fueron citados 32 integrantes
del Estado Mayor de las Farc y exintegrantes del Secretariado, para que
respondan en torno al primer informe que los involucra con el capítulo de los
secuestros cometidos por esa antigua organización.
Esta audiencia contra
los exjefes guerrilleros se sustenta en el segundo de tres informes que entregó
la Fiscalía a ese tribunal, en el cual se señala que gracias a las pruebas y la
información contenida en los computadores incautados a varios cabecillas, los
investigadores establecieron que a más de 6 billones de pesos asciende el
dinero que lograron recaudar las Farc, producto del secuestro entre los años de
1996 y 2012.
Según el fiscal
general, Néstor Humberto Martínez, más de tres billones fueron recaudados en
pesos colombianos y el restante en dólares.
“La magnitud
económica que pudo haber representado este fenómeno criminal (del secuestro)
para las finanzas del grupo guerrillero no se han cuantificado en su
totalidad”, señaló Martínez Neira.
Este informe judicial
de la Fiscalía recopila un total de 6.162 investigaciones atribuibles a la
extinta guerrilla de las Farc por “retención” ilegal de personas. Es decir,
casos de secuestro que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados.
Respecto al género de
las víctimas, 1.817 (22%) fueron mujeres y 5.933 (73%) hombres.
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