Un sinfín de
escándalos ha empañado al país por cuenta de la corrupción, siendo los
funcionarios públicos los principales actores involucrados en estos casos.
Según lo revela Así
Roban a Colombia, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), un
total de 679 políticos en el período desde 1991 y hasta el 2017 han sido
condenados por corrupción.
De esta cifra, 443
son alcaldes. Con el agravante de que todos ellos llegaron a sus cargos por
elección popular, lo que según expertos ha causado la pérdida de credibilidad
por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con
Gabriel Angarita Serrano, subcoordinador del componente de administración
pública y de corrupción de la MOE, dicha pesquisa corresponde a “más de 15 mil
sentencias y fallos que han sacado los entes de control y las cortes en contra
de funcionarios públicos únicamente de elección popular, los cuales han sido
condenados y sancionados por delitos únicamente contra la administración
pública”.
En este orden de
ideas, de los más de 600 políticos condenados, 337 han sido sancionados por la
Corte Suprema de Justicia, 161 por la Procuraduría General de la Nación, 128
por la Contraloría General de la Nación, mientras que 32 se han dictado desde
el Consejo de Estado y 21 por Tribunales, dice el informe.
Angarita destacó que
“esto se evidencia en la cantidad de carruseles y de carteles. Hemos visto el
cartel de la hemofilia, el de los locos, el de los pañales, el de los almuerzos
escolares, el de la toga; desafortunadamente se utilizan casi todos los
organismos que haya y casi todos los sectores en el país para tratar de robar
plata o usufructuar el erario público”.
Así mismo, el experto
en administración pública y temas de corrupción de la MOE explicó que es tan
alto el deseo de parte de algunos funcionarios de robar el patrimonio, que “se
están afectando temas muy importantes como la alimentación escolar, en que se
pierde el respeto hasta por lo más básico como lo es la alimentación de los
niños, solamente por el deseo de beneficios propios que termina desangrando al
país”, aseveró Angarita.
Presupuestos
establecidos, así como la capacidad de ordenar gastos públicos, le dan a los
alcaldes y a los gobernadores la mayor injerencia sobre el gasto público lo
que, según Gabriel Angarita, “la capacidad de ordenar gasto hace que el acalde
tenga más poder y por esto incurra en mayores faltas a diferencia de por
ejemplo, un concejal que no tiene un presupuesto a la mano”.
Angarita además
afirmó que “el poder de control o de vigilancia que tienen las instituciones se
centra en las ciudades capitales, donde históricamente se han visto muchos
casos de corrupción”.
Pero agregó que “como
Colombia es un país extenso, infortunadamente el gobierno no ha podido llegar a
todas las regiones y a veces hay mucho espacio, mucho tiempo o permisibilidad
de las instituciones para que las personas que tienen esta injerencia puedan
llegar a hacer más actos en contra de la administración pública y no sean tan
vigilados”.
De acuerdo con dicha
investigación, seguido de los alcaldes con 443 condenas, le siguen los
gobernadores con 137 sanciones, los representantes a la Cámara con 43,
concejales con 27, senadores con 17 y diputados con 12 condenas por cometer
actos de corrupción contra el dinero público.
Los sectores en donde
más se roba dinero
De acuerdo con el
informe de la MOE, los sectores preferidos por los políticos corruptos para
robar dineros públicos son infraestructura (18%), educación (14%), contratos de
personal (13%), servicios públicos (11%), equipamiento municipal (7%) y
vivienda (4%).
“No se está
cumpliendo el deber público de todo funcionario de velar por el bienestar de la
comunidad, sino que muchas veces llegan al poder a beneficiarse de la
administración pública, aunque no es que sea en todos los casos", señaló
Gabriel Angarita, de la MOE.
Agregó que "hemos
encontrado un gran número de sectores dentro de la administración pública en el
cual usufructúa la administración, es decir no se perdona ningún sector
público, sino que se busca ver en qué sector tal vez no hay tanto control ni
tanta vigilancia para poder cometer los actos irregulares”.
El informe además
detecta nueve modalidades de los políticos para cometer actos de corrupción, en
el que se destacan:
Usar el cargo para
beneficiarse así mismo, a su familia o amigos; pagar contratos por obras o
servicios no entregados ni prestados, incluir sobrecostos en los contratos
públicos, pedir sobornos a cambio de contratos, aliarse con grupos ilegales,
expedir beneficios contrarias a la ley para obtener beneficios y permitir actos de corrupción por descuido o
falta de vigilancia, entre otros.
Entre tanto,
anualmente en Colombia se pierden 50 billones de pesos en corrupción lo que,
para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, este gran número
de casos “ha implicado no solamente una pérdida de recursos bastante
significativa sino un impacto mucho más amplio y complejo en la sociedad: en la
garantía de derechos fundamentales, en la dinámica económica y en la confianza
de nuestras instituciones”.
El director de
Transparencia por Colombia señaló que prueba de esta problemática son los
indicadores como lo expone el índice de percepción de corrupción de
Transparencia Institucional Internacional que, según su última versión, otorga
un puntaje al país de treinta y siete (37) sobre cien (100), siendo cero los
países más corruptos y 100 los menos corruptos.
Hernández destacó
además que “la afectación de la corrupción es sobre la sociedad en conjunto, a
veces pensamos que es un crimen sin víctimas. Pero son muy concretas y
lastimosamente muy silenciosas porque no la percibimos de manera directa y en
ese sentido la corrupción política se agrava en la medida que genera una
perdida muy fuerte de confianza en la institucionalidad pública, en aquellas
normas que nos están regulando nuestra vida social y así es muy difícil que
funcione”.
Cartagena y
Buenaventura son la más evidente prueba de lo que ha venido sucediendo en
Colombia respecto a los actos de corrupción que han cometido mandatarios
locales, ya que tan solo La Heroica ha tenido diez alcaldes en siete años,
mientras que en el puerto se han capturado cuatro alcaldes en los últimos siete
años.
Reficar, Odebretch,
el 'carrusel' de la contratación, el Programa de Alimentación Escolar (PAE),
Interbolsa, el cartel de la hemofilia y Foncolpuertos son tan solo algunos de
los casos que justamente han causado en la ciudadanía, la pérdida de confianza
en la institucionalidad pública.
Este sería un motivo
que, según los expertos, podría ser el mayor impulso para que los colombianos
acudan a votar la consulta anticorrupción del próximo domingo 26 de agosto.
Para Andrés
Hernández, de Transparencia por Colombia, “esta es una oportunidad histórica de
hacer una movilización ciudadana de rechazo total a todas las formas de
corrupción. Ese es el valor más importante de la consulta, siendo es una oportunidad
que responde a un contexto en el que la indagación ciudadanía es bastante alta
porque se busca que con estos hechos se logre detectar, prevenir y sancionar”.
Por su parte Gabriel
Angarita, de la MOE, aseguró que “hay mucha gente expectante de lo que pueda
pasar el 26 (de agosto) si se logra alcanzar el umbral de participación, porque
movilizar más de 12 millones de votantes es complicado más cuando sería la
cuarta votación nacional en este año teniéndo las legislativas y las dos de
presidencia".
"Creemos que la
pedagogía entorno a la consulta popular es importante para que la ciudadanía
tenga las herramientas para ver qué está pasando, a qué se refiere esta
consulta, qué es lo que está en la ley y que no para que la gente pueda votar
informada”, señaló.
Dentro de las
condenas a políticos por corrupción se encuentran casos como pérdida de
investidura, en algunos casos con inhabilidades para ejercer cargos públicos
por más de 15 años, así como condenas por casos de para delinquir por más de 40
años.
“Todos los 679 casos
ya son de condenas o fallos, ninguno está en investigación, pero hemos
encontrado que muchos casos están en segunda instancia o la Corte está
revisando el proceso de causación de otros casos. Hay también casos en que es
una sanción fiscal o disciplinaria, multas perdida de investiduras o cárcel”,
explicó Gabriel Angarita respecto al informe de la MOE.
'Así Roban a
Colombia' evidencia que Cundinamarca, Nariño, Santander, Boyacá y Tolima son
los departamentos en donde más políticos por corrupción han sido condenados.
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