Siete años después de
la entrada en vigencia de la ley 1448 con la que se buscaba reconocer y reparar
a las víctimas del conflicto en Colombia,
El Gobierno asegura que no se pueden desconocer los avances en la implementación
de la misma.
La directora de la
Unidad Nacional para las Víctimas Yolanda Pinto, precisó que a pesar de las
críticas y denuncias por la lentitud en la atención de todos los afectados, se
han entregado unos 5 billones de pesos en pagos de indemnizaciones.
Hace siete años
no teníamos 800 mil víctimas indemnizadas, hace siete años no teníamos 700 mil
víctimas con acompañamiento sicosocial, hace siete años 1 millón 800 mil
víctimas no habían recibido una oportunidad de generación de ingresos y de
productividad", señaló Pinto, esposa del asesinado gobernador de
Antioquia, Guillermo Gaviria, tras haber sido secuestrado por las Farc 21 de abril del 2002.
La funcionaria
también reconoció que a pesar de los avances "indudablemente falta por
atender a muchas más".
Reparación alcanza
los 10 billones de pesos
En el 2015 la cifra
de personas que se declararon como víctimas del conflicto en su mayoría por
desplazamiento forzado, superaba los 8 millones. Un año después, una decisión
de la Corte Suprema, ratificó que los desplazados debían también ser reparados
en un hecho que desbordó las previsiones contempladas en un documento Conpes
para financiar la aplicación de esa ley.
"De 8 millones
600 mil colombianos que declaramos ser víctimas del conflicto, siete millones
deben ser reparadadas y aún falta mucho pues en el proceso de reparación a más
de 3 millones de ellas, nos queda faltando muchísimo más", agregó la
directora de la Unidad.
Yolanda Pinto destacó
finalmente que los dineros usados para la implementación de la ley corresponden
al mismo Estado pues ningún actor al margen de la ley presente en el conflicto,
ha entregado recursos para tal fin.
"800 mil
víctimas indemnizadas han costado cinco billones y medio de pesos, cuatro
millones de víctimas atendidas humanitariamente, han costado cuatro billones
300 mil millones de pesos", puntualizó.
A finales de 2010 en
una zona rural de El Patía, Cauca, la guerrilla de las Farc asesinó a cuatro
integrantes de una misma familia, entre ellas dos adultos mayores, tras negarse
al pago de una indemnización.
Fernando Vasquez, uno
de las personas que se salvó de morir en ese mismo hecho, asegura que la ley de
víctimas no funcionó.
"Para nosotros
no ha servido para nada la ley 1448, nuestra familia fue asesinada en un pueblo
del sur del Cauca y el Estado no ha hecho absolutamente nada por nosotros, yo
arrimo a la oficina de víctimas de Popayán cada cuatro a seis meses y me dicen
que hay que esperar", dijo.
Odorico Guerra, es el
representante de la mesa de víctimas en el Magdalena, departamento al que llegó
luego de salir desplazado por parte de grupos ilegales. El líder destacó que en
su caso si ha recibido reparación a través de la ley 1448.
"Claro que ha
servido mucho, yo como víctima no me imaginé estar en los grandes escenarios en
donde se discuten las políticas públicas de este país en beneficio para las
víctimas en general", dice.
La Ley creó el
Registro Único de Víctimas (RUV), que ha permitido consolidar una base de datos
de todas las víctimas, directas o indirectas, de 12 hechos victimizantes. Hoy
están incluidas en el RUV 8’679.002 personas, de las cuales 6’944.905 son
sujetos de atención y reparación.
De las personas
registradas, el 49.7% (4.316.127) son mujeres y el 49.5% (4.297.851) son
hombres. Dicen pertenecer al sector LGBTI el 0.02% (2.522) y el 0.7% (62.502)
no informa el género.
Con relación a las
etnias, 208.807 declaran ser indígenas; 30.177, gitano Rrom; 10.217, raizales;
822.613, negro afrocolombiano; y 2.279, palenqueros.
La mayoría, 7.719.202
personas, son víctimas de desplazamiento forzado. Le siguen: homicidio, con
1.010.117 víctimas; amenaza, 430.565; desaparición forzada, 171.090; pérdida de
bienes, 115.575; acto terrorista, 92.018; secuestro, 36.929; delitos contra la
integridad y la libertad sexual, 26.253; mina antipersonal, 11.428; tortura,
11.009 personas. También hay víctimas de confinamiento, 9.803 personas,
vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, 7.519; lesiones
psicológicas, 7.603; abandono o despojo forzado de tierras, 6.552 y lesiones
personales físicas, 6.147 personas.
Entre 2009 y mayo de
2018, la Unidad ha invertido un poco más de $5.0 billones en la entrega de
805.815 indemnizaciones administrativas. De estos recursos, 9.951 pagos por
$182.702 millones fueron ordenados por procesos de Justicia y Paz.
Hoy existen 634
sujetos de reparación colectiva en todo el país, de los cuales 128 están
implementando planes de reparación. Incluyen medidas para restablecer derechos
colectivos, identidad cultural, organización política y social, así como
recuperación de actividades y espacios de encuentro comunitario, cultural y
deportivo, fortalecimiento de liderazgos y atención psicosocial, entre muchas
otras.
Según la Unidad de Restitución de Tierras,
hasta mayo de 2018 habían sido restituidos 5.981 predios en beneficio de
alrededor 38 mil personas. Ante los jueces, la Unidad de Restitución ha
presentado algo más de 15 mil casos.
Desde el 2010 se han
acompañado 260.818 hogares en retornos y reubicaciones, se han formulado 267
planes de retorno y reubicación y se han implementado 5.163 esquemas de
acompañamiento familiares.
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