En lo que va de 2018
se han registrado 89 amenazas de muerte a periodistas en Colombia, dice la
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La situación es
preocupante porque entre enero y julio de 2017 fueron reportadas 65 amenazas,
según la FLIP. En ese sentido, los casos han aumentado durante este año.
Además, estas cifras
evidencian la tendencia creciente de las amenazas de muerte a periodistas
durante los últimos tres años.
En 2015, por ejemplo,
se registraron 59 casos, de acuerdo con la FLIP. En 2016 aumentaron a 90 y en
todo 2017 llegaron a 129. Ahora el temor es que 2018 cierre con una cifra
superior a la del año anterior.
"Esto sucede en
paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país.
En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus
territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de
expresión", alerta la Fundación para la Libertad de Prensa.
La FLIP asegura que la
Unidad Nacional de Protección (UNP) "no ha sido lo suficientemente
diligente para atender el riesgo" de los periodistas, pese a que las
amenazas han sido reportadas a la entidad.
Además, afirma la
fundación, la UNP ha desmontado esquemas de seguridad y los trámites de
protección no se están resolviendo según el "nivel de urgencia de la
situación".
De otro lado, la FLIP
menciona los casos de cuatro periodistas para los que pide "protección
urgente".
El primero es Ricardo
Ruidíaz, que ha sido amenazado 10 veces al parecer por informar sobre los
asesinatos de líderes sociales en el Magdalena Medio. Según la FLIP, pese a
esta situación, la UNP le disminuyó el esquema de protección.
Está también el caso
de Catalina Vásquez, que trabaja en la comuna 13 de Medellín. Fuentes cercanas
a ella, dice la FLIP, han sido asesinadas.
La fundación dice que
el cinco de julio pidió protección para ella, pero la UNP "no ha atendido
al llamado de urgencia".
De otro lado, está la
periodista Jhanuaria Gómez, que hace investigaciones sobre minería y
"pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el
ambiente", explica la FLIP. Por amenazas, Gómez tuvo que irse de Segovia
(Antioquia) y "su situación de vulnerabilidad es alta".
Por último, está
Laura Montoya, amenazada el pasado 6 de julio después de manifestarse en Mocoa
(Putumayo) contra la muerte de líderes sociales.
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