En su último informe,
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, Mapp OEA, advierte
sobre la persistencia de la violencia en territorios que han sido dejados por
las Farc, tras la firma del acuerdo de paz.
Si bien el documento
reconoce los esfuerzos de la Fuerza Pública por ocupar estos territorios,
también señala que tras la concentración de los excombatientes de las Farc en
los Espacios Territoriales de Capacitación "en algunas de estas zonas
persisten contextos de ilegalidad asociados a economías criminales, los cuales
han conllevado la permanencia o llegada de otros actores armados ilegales ante
las condiciones de favorabilidad económica y estratégica de ciertos territorios".
Además, advierte que
la violencia se mantiene pues la disputa por el territorio entre el ELN y otros
actores como el Clan del Golfo, Los Pelusos y las disidencias de Farc, en las
regiones que se han caracterizado por tener altos índices de pobreza debido al
abandono del Estado continúan.
"Estos grupos
criminales ejercen una violencia que muta y se adapta con presencia en diversas
zonas del país (...) vienen agregando a la cadena delictiva a bandas criminales
con presencia en lugares económicamente deprimidos", dice el informe.
La violencia también
crece en las zonas donde los recursos naturales y las condiciones para la
realización de actividades criminales son adecuadas para sus intereses. En
muchas ocasiones, buscan adentrarse en los gobiernos locales para acceder a
recursos públicos y financiar así su actuar delictivo.
"Sus ilícitos
propósitos buscan materializar el usufructo de los recursos del territorio y la
economía que éstos generan, así mismo, tratan de regular las prácticas
sociales, las formas de relacionamiento y los mecanismos de resolución de
conflictos. Su estructuración compleja está basada en un conjunto de
relaciones, constituyendo poderes territoriales que ponen en riesgo la
cooptación de gobiernos y órganos de representación política local, para
acceder a recursos fiscales", agrega.
El informe también
alerta acerca del incremento del reclutamiento de menores por parte de los
actores armados que buscan fortalecer su estructura y ocupar territorios
dejados por las Farc.
"Se ha
monitoreado el incremento de esta dinámica en zonas rurales apartadas y
caracterizadas por una baja oferta de oportunidades laborales o desarrollo
personal para los niños, niñas y
adolescentes. Las prácticas de reclutamiento continúan por parte de actores
armados ilegales, muchos de los cuales han incrementado esta práctica con el
interés de fortalecer su estructura y ocupar territorios dejados por las
FARC-EP".
Las estructuras de
grupos como el Clan del Golfo o Los Pelusos se han fortalecido con esta práctica,
pero además, por la llegada de antiguos miembros de las Farc que se sumaron a
sus filas.
"De acuerdo a
las diversas fuentes consultadas por la MAPP/OEA, esta situación podría estar
relacionada con vinculaciones de combatientes que pertenecieron a las FARC-EP y
que ante la desmovilización de dicho grupo armado, decidieron ingresar a las
filas del mencionado grupo armado organizado".
Esa capacidad
estructural, armada, bélica y expansiva, de los grupos armados ha permitido, en
el caso del Clan del Golfo, generar enfrentamientos violentos contra el ELN en
el Darién y Sur del Chocó; y en el caso de Los Pelusos, a emprender ataques
contra la Fuerza Pública.
La Misión hace un
llamado a prestar atención particular a los contextos de seguridad en las zonas
de frontera y en las regiones apartadas,
y reitera su preocupación por la violencia contra líderes sociales y
defensores de derechos humanos.
“Será central que el
nuevo Gobierno pueda redoblar los esfuerzos para prevenir todo tipo de
agresiones contra líderes y lideresas, protegerlos de forma efectiva y
judicializar a los autores materiales e intelectuales de manera oportuna,
evitando a toda costa la impunidad y la continua revictimización del liderazgo
comunitario”, señaló el jefe de la Misión, Roberto Menéndez.
El informe es el
resultado del trabajo en terreno de la Mapp durante el período comprendido
entre febrero y agosto del 2017.
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