El presidente electo
Iván Duque tendrá varios desafíos para definir el mapa de navegación de su
gobierno para los próximos cuatro años.
Uno de los puntos
importantes será la negociación de paz con la guerrilla del ELN, diálogos que
quedaron en un término para definir las bases y requisitos para un cese
bilateral con ese grupo armado al margen de la ley.
También están entre
los retos del nuevo Gobierno la continuidad de la implementación del acuerdo de
paz con las Farc, las relaciones con Venezuela y la migración de ciudadanos de
ese país, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, la oposición
en el Congreso que estrena Estatuto y el asesinato de los líderes sociales,
entre otros temas.
Los diálogos con el
ELN se han venido desarrollando durante seis ciclos en Quito (Ecuador) y ahora
en La Habana (Cuba); los jefes de esa guerrilla mantienen suspendidas las
órdenes de captura mientras se conoce una decisión sobre continuar o no con los
diálogos.
Esta será una
decisión que deberá tomar Duque en compañía de sus asesores y el equipo que
designe para esos diálogos con la guerrilla del ELN. Justamente, el presidente
electo designó recientemente a Miguel Ceballos para realizar el empalme para
ese proceso de paz.
Durante el del más
reciente ciclo, que terminó hace algunos días, el gobierno de Juan Manuel
Santos no pudo concretar un cese el fuego bilateral con esa guerrilla. Será el
nuevo Gobierno de Iván Duque el que pueda lograr esa posibilidad del cese el
fuego.
Los secuestros que ha
cometidos el ELN se pueden convertir en un obstáculo para que puedan avanzar en
esos diálogos. Solo hace algunos días el ELN secuestró a cuatro uniformados y
dos civiles en Chocó y mantiene plagiado el actual gerente de la Empresa de
Servicios Públicos de Arauca, José Leonardo Ataya.
“El ELN también tiene
que dar muestras de quiere hacer la paz. La sociedad colombiana está pendiente
de ello y esperamos que así actúen los comandantes del Comando Central del
Ejército de Liberación Nacional (Coce) con el nuevo Gobierno”, afirmó en las
últimas horas el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Un desafío que sin
duda tendrá el nuevo presidente, Iván Duque, va encaminado a la implementación
del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno saliente y miembros de las
Farc.
Aunque el saliente
presidente Santos ha dicho que la implementación del acuerdo de paz debe
respetarse por los próximos tres gobiernos, tal y como lo señaló la Corte
Constitucional, Duque ha insistido en hacerles ajustes.
Tras una reciente
reunión con voceros de los partidos políticos que harán coalición de Gobierno,
trascendió que el presidente Duque insistió en reformar la participación
política de las Farc y sacar del Congreso a quienes hayan cometido delitos de
lesa humanidad.
En la Comisión de la
Verdad hablamos de la necesidad de brindarle a Colombia la posibilidad de un
‘Gran Pacto Nacional’, que nos permita unirnos en defensa de la legalidad, la
estabilización y la reconciliación de todo nuestro país.
También el pasado 19
de julio, tras una visita a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, el
presidente Duque señaló que, en una “conversación franca” con sus integrantes
se habló de sus propuestas “para poder mejorar aquellas cosas que consideramos
son necesarias en los acuerdos de La Habana”.
“Hablamos de
brindarle al pueblo colombiano la posibilidad de un ‘Gran Pacto Nacional’ que
nos permita unirnos en la defensa de la legalidad, la estabilización y la
reconciliación de todo nuestro país”, dijo en ese entonces.
Hace varios días, el
presidente Juan Manuel Santos sancionó formalmente la ley de procedimiento al
Código de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el cual se dan los
parámetros para la operación de este tribunal.
Santos indicó que con
ese trámite se cierra el círculo sobre la acción que tendrá esta jurisdicción,
en el marco de las investigaciones en contra de ex integrantes de la extinta
guerrilla de las Farc y agentes del Estado.
“Esta justicia
especial, con esta ley que sancionamos, cierra el círculo porque tenemos la
reforma constitucional, la ley estatutaria y lo que nos faltaba eran los
procedimientos, ya todo está funcionando”, puntualizó Santos.
Otro de los desafíos
que tendrá Duque será la implementación del decreto que dejó firmado el
presidente saliente Juan Manuel Santos sobre la “línea negra”, que redelimita
las zonas ancestrales de las cuatro comunidades indígenas que se encuentra en
la Sierra Nevada de Santa Marta.
Sobre esa iniciativa
se han presentado varias críticas de diferentes sectores económicos, los cuales
pidieron al presidente Santos que se aclaren algunos puntos de ese decreto
sobre la nueva delimitación de los terrenos indígenas.
Algunos dirigentes
regionales señalaron sobre el decreto de la “línea negra”, que los puntos
sagrados quedarían demarcados en 348 sectores como la Plaza Alfonso López, la
Iglesia de la Concepción, las playas de Riohacha, el Pozo Hurtado en el río
Guatapurí y algunas bahías de Santa Marta.
Además las quejas
también se han perfilado sobre la falta de socialización del decreto, que
impide que se discuta el futuro del desarrollo empresarial de la región, una
vez se apruebe la iniciativa.
Aunque a mediados de
julio el Gobierno había revelado que un equipo de abogados de la banda criminal
del 'Clan del Golfo' había presentado oficialmente un documento en el que
solicitan iniciar el proceso de sometimiento a la justicia, todo apunta a que
ese proceso se daría en el nuevo gobierno de Duque.
El gobierno de Santos
reveló que había adelantado una reunión en el Ministerio de Justicia para
presentar los elementos necesarios para avanzar el trámite legal de sometimiento
de los integrantes de dicha banda criminal.
Sin embargo, el
llamado ‘Clan del Golfo’ aseguró días después, el 27 del mismo mes, que
“carecen de fundamento” las versiones que advertían de su inminente
sometimiento a la justicia, tras la aprobación en el Congreso de una ley que le
brinda esta oportunidad.
A través de un
comunicado, el Clan del Golfo exhortaba al nuevo gobierno a favorecer y seguir
con el proceso de sometimiento del Grupo Armado Organizado (GAO).
“Saludamos el
gobierno del señor Iván Duque y esperamos que, después de su posesión, desde el
gobierno nacional se favorezca la causa de la reconciliación nacional”, señala.
Hasta donde se
conocía, representantes del Gobierno y abogados de la banda criminal avanzaban
en la definición de los requisitos en el marco del proceso de sometimiento la
justicia de ese grupo armado ilegal.
Trascendió en su
momento que los abogados del 'Clan del Golfo' estaban revisando los doce
requisitos que definió el Gobierno del presidente Santos para lograr un sometimiento
efectivo, lo más pronto posible.
Las relaciones
diplomáticas y políticas con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, no están en buen momento. El presidente Santos las deja bastante frías
e incluso tensas, pese a que ese país sirvió por varios años como garante del
proceso de paz con las Farc.
Ese panorama no
parece que cambiará con el nuevo gobierno, sobre todo por la animadversión que
despierta en el gobierno chavista la figura del expresidente Álvaro Uribe,
líder del partido Centro Democrático (que eligió a Duque) y quien impulsó su
candidatura presidencial.
A ellos se suma la
migración de miles de venezolanos que han llegado al país como consecuencia de
la crisis social, política y económica por la que atraviesa la nación vecina.
Según cifras del
Gobierno, se estima que 440 mil venezolanos se encuentran en Colombia de manera
irregular, por lo que en las últimas semanas el saliente presidente Santos
firmó un decreto para regular su permanencia.
Con esa medida, los
ciudadanos venezolanos podrán acceder a beneficios en atención en temas como
salud, educación y trabajo entre otros. El reto del nuevo Gobierno será hacerle
activa migración que se ha venido presentando en los últimos tiempos.
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