Una grave denuncia
realizó este jueves la representante Katerine Miranda de la Alianza Verde quien
aseguró que el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley que
busca crear fuertes sanciones para los productores y comerciantes de pólvora que
no reúnan las condiciones de ley, ha tenido un fuerte lobby para su
hundimiento.
La congresista señaló
a diez congresistas que fueron financiados durante su campaña política por el
gremio polvorero. A su juicio, esa condición no estaría permitiendo el normal
trámite del proyecto de ley que crea sanciones para quienes comercien,
fabriquen y transporten pólvora sin los requisitos profesionales.
"En el Congreso
pasa algo muy grave. Los gremios polvoreros financiaron políticos en las
campañas. Hoy en día yo tengo ese inconveniente en el Congreso de la República
porque muchas personas saben que es absolutamente conveniente y necesario el
proyecto pero como muchos políticos han sido financiados por el gremio se
abstienen de votar o le ponen trabas a la iniciativa", afirmó.
La iniciativa indica
que las sanciones para quienes infrinjan la norma van desde 80 a 200 salarios
mínimos legales vigentes.
"Toda persona
natural o jurídica, que sin cumplir los requisitos legales descritos en la
presente ley manipule, use, fabrique, almacene, transporte o comercialice
pólvora, será sancionada con medida correctiva de carácter pecuniario entre
ochenta (80) a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Vigentes, equivalentes
a entre 66 y 165 millones de pesos", indica el proyecto de ley.
Según el proyecto,
"quedan excluidos de esta ley las personas naturales, jurídicas y
extranjeras de derecho privado o público que cumplan con los requisitos para el
uso profesional de la pólvora y productos pirotécnicos establecidos en las
diferentes categorías de la pólvora por el artículo 4 ° de la ley 670 del
2001".
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