Con el propósito de
brindar garantía y protección al ejercicio efectivo de los derechos de la
libertad religiosa y de cultos en el departamento, se socializó ayer la
implementación de la política pública integral del Meta sobre este aspecto.
En articulación con el Ministerio del Interior, la Gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Paz, junto con la Alcaldía de Villavicencio, unen esfuerzos interinstitucionales en pro de esta política de orden nacional como expresión material de las creencias y así prevenir sus posibles vulneraciones, como también reconocer y fortalecer la labor social, cultural, educativa y de participación ciudadana.
En articulación con el Ministerio del Interior, la Gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Paz, junto con la Alcaldía de Villavicencio, unen esfuerzos interinstitucionales en pro de esta política de orden nacional como expresión material de las creencias y así prevenir sus posibles vulneraciones, como también reconocer y fortalecer la labor social, cultural, educativa y de participación ciudadana.
Lorena Ríos Cuéllar,
coordinadora de asuntos religiosos del Ministerio del Interior, aseguró que desde
el 11 de noviembre del 2017 se viene estructurando esta labor con el Gobierno
departamental, que cuenta actualmente con una mesa de asuntos religiosos
instalada para diseñar y aplicar las líneas de acción que permitan promover la
política.
“Estamos llegando a
los 32 departamentos del país. Tenemos la responsabilidad de implementar esta
política pública, puesto que el sector está respondiendo de manera dinámica a
las temáticas de los asuntos religiosos”, explicó Ríos Cuéllar.
La iniciativa del documento
se derivó del cumplimiento de los objetivos del Ministerio del Interior, como
un instrumento que de forma organizada, coordinada y articulada, brinda
respuesta al diagnóstico de una realidad percibida directamente en los
territorios.
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