Una
auditoría de la Contraloría General de la República, descubrió once hallazgos
fiscales por $1.800 millones de pesos, ocho de los cuáles fueron traslados a la
Fiscalía General de la Nación, en la gestión en materia de alimentación,
vigilancia electrónica, infraestructura y atención en salud a los reclusos, a
cargo del INPEC.
Según esta
auditoría, el INPEC ha sido incapaz de llevar a cabo su objeto misional. En
materia de infraestructura física, la auditoría evidenció que la respuesta a
los planes de necesidades del INPEC no ha sido oportuna.
Así mismo,
se encontró rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo
cual se agrava con la decisión de la USPEC de ejecutar los recursos destinados
para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través del contrato
interadministrativo 216144 de 2016 suscrito con FONADE, que pospuso nuevamente
la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de
reclusión.
“La Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) reconoce un rezago en el
cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto
en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la
Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de
la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo
Carcelario y Penitenciario de Ibagué Coiba”, se reseña en el informe.
En otros
casos, la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con
las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).
Según la
Contraloría, la demora de la USPEC en la puesta en marcha del Plan de
Mantenimiento, así como en la solución oportuna de los requerimientos de
reparaciones locativas y atención de necesidades prioritarias en materia de
infraestructura, han motivado a que el INPEC, “careciendo de competencia legal para
ello, destine recursos propios y celebre convenios con entidades territoriales,
con el fin de intervenir la infraestructura de los establecimientos de
reclusión”.
Lo que para
el organismo, “además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a
que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones”.
El organismo
se remonto al 2016 cuando el INPEC suscribió ocho convenios por $130 millones,
y 38 convenios en 2017 por $2.009 millones, para realizar intervención a la
infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde
a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de
funciones.
En cuanto al
servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre a
un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de
aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.
“La
capacidad operativa del INPEC para efectuar monitoreo y seguimiento a las
alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica es mínima, frente a
la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para
realizar verificaciones de campo”, se indica en el informe.
En materia
de Sistemas de Vigilancia Electrónica (SVE), la auditoría concluyó que la USPEC
no contaba con un control efectivo de las sumas entregadas a título de
anticipo, ni se pactó la obligación de generación ni devolución de rendimientos
financieros sobre los recursos entregados a dicho título, por parte del
vendedor.
Así mismo se
modificaron las características del objeto de la Ficha Técnica del Negocio y el
valor de la prestación del servicio diario pasó de $17.556,10 a $20.093,8, con
posterioridad a la adjudicación en rueda de negocios. Tal modificación implicó
que se incrementó el valor de facturación mensual, una vez adjudicada la
operación en Bolsa.
Tal como se
planteó la negociación en Bolsa, USPEC debe pagar la suma diaria pactada por
los dispositivos efectivamente recibidos y con capacidad de generación de
señal, al margen de que los mismos hayan sido instalados a los destinatarios,
con lo que se podría estar cancelando sumas de dinero por servicios no
recibidos.
Sobre este
particular, la Contraloría observó que este tipo de condiciones de negociación
se pactaron en detrimento de los intereses de la entidad y la población
destinataria de los servicios.
En la
auditoría, la Contraloría objetó la cláusula octava de un convenio suscrito
entre USPEC y FONADE, por entregarse incondicionalmente la propiedad de los
rendimientos financieros de las sumas entregadas de manera anticipada a FONADE,
en detrimento de los intereses patrimoniales del Presupuesto General de la
Nación.
Con corte a
Junio 30 de 2017, se habían causado rendimientos superiores a $2.500 millones,
habida cuenta del volumen de recursos de cuatro vigencias fiscales
comprometidos en este convenio ($430.000 millones) para la contratación de
nuevos cupos, planes de mantenimiento y dotación de 56 establecimientos de
reclusión.
Otra
observación tiene que ver con las deficiencias generalizadas en la supervisión
contractual, que llevaron al recibo y pago de obras no realizadas, o trabajos
que no corresponden con la especificación contratada.
Algunas de
ellas se detectaron en los establecimientos EPMSC Chocontá, EPMSC Manizales,
EPMSC Acacías, EPMSC Salamina y EPMSC Bucaramanga, las cuales sumaron hallazgos
fiscales por $602.5 millones
En la
evaluación a la contratación de infraestructura, se encontraron contratos de
operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP y
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en ciudades donde las
respectivas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
certificaron que el servicio de potabilización de agua y disposición final de
aguas residuales venía siendo atendido por ellas. Se constató tal situación en
el EPMSC Acacías y en el Complejo Penitenciario de Cúcuta. Tales situaciones
ocasionaron daño patrimonial por $738 millones.
En la
auditoría, la Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por concepto de
Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario, con
destino al Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en
gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron
presupuestados, por más de $6.200 millones.
“De estos
recursos, $5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición al
contrato interadministrativo No. 216144 del 25 de noviembre de 2016 suscrito
entre la USPEC y FONADE, para la adquisición y mantenimiento de equipos
biomédicos, y con los restantes $701.911.532 se pagó el contrato No. 341 de
2014 Póliza de seguros QBE, lo que motivó el traslado del hallazgo a la
Fiscalía General de la Nación”, descubrió la Contraloría.
De igual
manera, la USPEC no transfirió durante la vigencia 2016 recursos por el mismo
concepto al Fondo, por valor de $5.009.824.088, dineros que por falta de
apropiación fueron reintegrados al Tesoro Nacional, situación que además de no
contar con la debida justificación, puede llegar a afectar la financiación del
servicio en la respectiva vigencia fiscal y por ende generar faltante de
recursos para la atención final en salud.
Apuntó que
una adecuada y oportuna ejecución de este tipo de recursos, “podría mitigar en
gran medida el riesgo jurídico derivado de la atención de 11.131 tutelas (a
junio 30 de 2017) por la prestación del servicio de salud, o el riesgo jurídico
y patrimonial que se deriva de otro tipos de medios de control judicial”.
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