La Contraloría
General de la República descubrió posibles sobrecostos en las comisiones que
fueron pactadas entre Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
y la Bolsa Mercantil, para el proceso de selección del los proveedores de
alimentos para los reclusos del país.
El organismo de
control recordó que la investigación se realizó luego de una denuncia que
interpuso la Senadora Claudia López, en relación con la selección de los
proveedores de alimentación de la población privada de la libertad a cargo del
INPEC.
Como consecuencia
de esta denuncia, la Contraloría efectuó pruebas en el proceso de estudios
previos y elección de la Bolsa Mercantil como procedimiento de escogencia de
los proveedores de alimentación a esta población objeto.
“Como resultado de
este labor, se detectaron posibles sobrecostos derivados de diferencias en las
comisiones pactadas con los dos comisionistas de Bolsa que representaron los
intereses de la USPEC en las operaciones de mercado abierto, en cuantía de
$36.442.756, así como incumplimiento en requisitos esenciales en materia de
contratación, lo que motivó el traslado de hallazgos a la Fiscalía General de
la Nación”.
Atención
en Salud
Así mismo, la
Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios por concepto de Implementación del
Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario, con destino al Fondo
Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos
por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por
más de $6.200 millones.
De estos recursos,
$5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición al contrato
interadministrativo No. 216144 del 25 de noviembre de 2016 suscrito entre la
USPEC y FONADE, para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos, y
con los restantes $701.911.532 se pagó el contrato No. 341 de 2014 Póliza de
seguros QBE, lo que motivó el traslado del hallazgo a la Fiscalía General de la
Nación.
De igual manera, la
USPEC no transfirió durante la vigencia 2016 recursos por el mismo concepto al
Fondo, por valor de $5.009.824.088, dineros que por falta de apropiación fueron
reintegrados al Tesoro Nacional, situación que además de no contar con la
debida justificación, puede llegar a afectar la financiación del servicio en la
respectiva vigencia fiscal y por ende generar faltante de recursos para la
atención final en salud.
“Una adecuada y
oportuna ejecución de este tipo de recursos, podría mitigar en gran medida el
riesgo jurídico derivado de la atención de 11.131 tutelas (a junio 30 de 2017)
por la prestación del servicio de salud, o el riesgo jurídico y patrimonial que
se deriva de otro tipos de medios de control judicial”, señaló el organismo.
Vigilancia
Electrónica
En cuanto al
servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre
un 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas
privativas de la libertad extramural.
Según la
Contraloría, “la capacidad operativa del INPEC para efectuar monitoreo y
seguimiento a las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica es
mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y
vigilancia para realizar verificaciones de campo”.
También señaló que
en materia de Sistemas de Vigilancia Electrónica (SVE), la USPEC no contaba con
un control efectivo de las sumas entregadas a título de anticipo, ni se pactó
la obligación de generación ni devolución de rendimientos financieros sobre los
recursos entregados a dicho título, por parte del vendedor.
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