En el 2017 se
cumplieron 11 años de la despenalización del aborto en tres causales
autorizadas: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujeres,
cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida o en caso
de violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no
consentida.
Según el reporte de
Profamilia, la principal entidad del país a cargo de estos procedimientos,
durante 2017 se practicaron 10.517 abortos, cifra que aumentó considerablemente
con respecto al 2016 donde se practicaron 6.500 de estos procedimientos.
Sin embargo Juan
Carlos Vargas, director Científico de Profamilia, el número de casos sigue
estando muy por debajo de la cifra que, según cálculos nacionales, suceden en
el país anualmente a través de otros métodos.
“En Colombia
suceden anualmente alrededor de 300 o 400 mil abortos. De esta forma, otras
entidades tuvieron que haber hecho cerca de 290.000 procedimientos, pero
sabemos que no es así, sabemos que en nuestro país se siguen haciendo un alto
número de estas intervenciones dentro de la ilegalidad”, aseguró Vargas.
Las barreras de
acceso y principios morales derivados de la religión, son las principales
causas de este fenómeno de ilegalidad para llevar a cabo procedimientos de alto
riesgo humano.
“Nosotros oímos las
historias de las mujeres que vienen a hacer este proceso y nos cuentan toda la
travesía que tuvieron que hacer con su proveedor de servicios de salud para que
les dieran la cita, las guiaran y les reconocieran su derecho y finalmente
fueran remitidas”, dijo Vargas.
Agregó que “es muy
importante tener en cuenta el riesgo que corren las mujeres al dejarse
practicar un aborto de una persona que no sea profesional ya sea por muerte o
por secuelas a futuro en su salud”.
Otro aspecto
relevante que se convierte en un obstáculo y que dio a conocer Profamilia es la
objeción de conciencia para no prestar el servicio o no participar en este
procedimiento. Sin embargo, en este orden de ideas es válido que el médico lo
contemple pero esto no lo exime de brindar la información pertinente que la
mujer requiere y que en muchos casos no recibe.

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