La Fiscalía General de la Nación
reveló que desde el año 2017 a la fecha, las autoridades de policía judicial
lograron el embargo de activos y bienes por un valor que asciende a 90 mil
millones de pesos, en desarrollo de los operativos de extinción de dominio que
siguen en relación con los escándalos de corrupción en el país.
Así se desprende del más reciente
informe preparado por la Dirección de la Unidad Nacional de Extinción de
Dominio de la Fiscalía General y que deja al descubierto el ranking de los
casos de corrupción en los que lograron ejecutar los golpes más grandes contra
estas redes criminales.
-LOS
SOBORNOS DE ODEBRECHT-
Los expedientes judiciales
evidenciaron que el primer escándalo que lidera este ‘top’ de bienes embargados
a los corruptos, es Odebrecht, a cuyos principales autores como el exsenador
Otto Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales; los hermanos
Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur y el ex fiscal Rodrigo Aldana, se les
extinguieron millonarias propiedades entre las que aparecen inmuebles,
sociedades, vehículos, entre otros.
“Si se cuentan los 37 mil
millones de pesos de corrupción exclusivo que adelantamos más los 53 mil
millones de pesos que se le afectaron en total a Otto Nicolás Bula, se
afectaron bienes con fines de extinción del derecho de dominio en el 2017 por
valor de 90 mil millones de pesos, que en realidad eso es una cifra récord”,
dijo la directora de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, Andrea
Malagón.
Además, los Fiscales indicaron
que en relación con este escándalo, la justicia logró que por primera vez las
autoridades extranjeras congelaran acciones por 4 millones de dólares obtenidas
por el ex viceministro García Morales y puestos en paraísos fiscales de las
Islas Vírgenes.
Por su parte, la Fiscal Malagón
reveló que los investigadores esperan respuesta de las cartas rogatorias
realizadas a la justicia de Estados Unidos, varios países de Europa y de
Latinoamérica, con el fin de avanzar en la ubicación e identificación de nuevos
bienes de otros implicados en este caso.
“En este momento sí, estamos en
espera de la respuesta de las cartas rogatorias correspondientes. No obstante,
ya dimos un primer paso que es la afectación de bienes con el fin de extinción
del derecho de dominio de unas acciones que se encuentran en las Islas Vírgenes
(…) Pero sí está Estados Unidos, unos en España, y otras solicitudes en
Argentina de lo que recuerdo”, dijo Malagón.
Igualmente señaló: “Se
intensificará la acción no sólo en lo correspondiente con esos implicados, sino
de todas las investigaciones, porque se ha advertido que uno de los modus
operandi, como ha sido tan fuerte la acción de la extinción del derecho de
dominio y la afectación de las finanzas criminales en Colombia, ya los
delincuentes no están invirtiendo en Colombia, entonces toca enfilar nuestras
baterías y el apoyo de todas las unidades investigativas internacionales para
la ubicación de bienes y lograr, bien sea, la recuperación del activo o la
extinción del derecho de dominio de esos bienes”.
-DESFALCO EN
LOS JUEGOS NACIONALES-
El segundo capítulo que la
Fiscalía incluyó en su ranking de investigaciones es la defraudación que se
registró en los contratos para las obras de los XX Juegos Nacionales de Ibagué
y IV Paranacionales 2015 y que comprometieron recursos por cerca de 12 mil
millones de pesos.
Por este caso la Fiscalía y la
Policía ocuparon 157 propiedades valoradas en más de 8.500 millones de pesos,
entre los cuales se encuentran oficinas de la multinacional española Typsa,
apartamentos, lujos, fincas, vehículos y cuentas bancarias.
La Fiscal Magalón indicó que
referente a este caso los investigadores también indagan y llevan cabo una
intensa persecución de otros activos de implicados en este escándalo.
“Estamos en la búsqueda porque
los 8.500 millones de pesos no fue el total del desfalco que se hizo con los
Juegos Nacionales, entonces estamos en el rastreo de más bienes que puedan ser
pasibles del derecho de extinción de dominio e identificando aquellos que
fueron adquiridos como consecuencia del traslado de esos dineros desde la
filial TYPSA hacía su casa matriz. Es decir, estamos es una de nuestros teorías
del caso y estamos en el proceso de rastreo de esos bienes”, indicó Malagón.
-EL SAQUEO
EN CÓRDOBA-
El tercer proceso que destaca la
Fiscalía es el relacionado con el desangre a los recursos de las regalías de
Córdoba que involucra, entre otros protagonistas, al ex gobernador Alejandro
Lyons y al actual gobernador del departamento Edwin Besaile, a quien la
Fiscalía le imputará cargos por el llamado ‘cartel de la hemofilia’, que generó
una defraudación que alcanzó los 42 mil millones de pesos.
En el caso de Lyons, hoy testigo
protegido de la justicia de Estados Unidos, la Fiscalía le embargó a sus
señalados testaferros, en una primera instancia, cuatro fincas ubicadas en
Sahagún, Córdoba, con una extensión de 525 hectáreas valoradas en más de 4.100
millones de pesos y poco después le ocupó otras 112 hectáreas, para un total de
637.
“Irregularidades en el tema que
se conoce como el ‘Cartel de la Hemofilia’ que fueron pagos de servicios
médicos que no podían ser cubiertos por el POS, de supuestos pacientes
hemofílicos que nunca existieron ”, señaló Malagón.
La fiscal Andrea Malagón también
confirmó que la Fiscalía inició el rastreo a nivel nacional e internacional de
posibles bienes presuntamente adquiridos por el gobernador Besaile, por las
graves irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la salud
destinados a la atención de la enfermedad de la hemofilia.
“En este momento, conforme a las
políticas de la Fiscalía General de la Nación, sí se está haciendo un rastreo.
La identificación de los bienes que están en cabeza de él patrimonio no tiene
una jurisdicción en específico, sino el patrimonio es uno solo, y como el
patrimonio es uno solo, nosotros extendemos el rastreo de bienes nacional e
internacional“.
-EL DESVÍO
DE LOS RECURSOS DEL PAE-
Otro de los episodios más graves
en materia de corrupción, tenido en cuenta que los principales afectados son
los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, fue la desviación de
recursos que debían ir destinados para la atención del Programa de Alimentación
Escolar, PAE, en contratos por 150 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, en
las irregularidades por la contratación entre el ICBF y la fundación ‘Un Mejor
Vivir’, relacionada con la Gobernación de la Guajira, se afectaron bienes por
valor de 1.290 millones de pesos.
“En este caso, también que se
llevó como investigación espejo. Este resultado en atención a todos los
problemas que se venían presentando y las consecuencias que se venían
presentando de la ausencia de alimentación de los menores de edad en La Guajira
que es de público conocimiento lo que está pasando, los niños se estaban
muriendo de hambre”, manifestó Malagón.
-CASO
PETROTIGER-
La Fiscalía también resaltó las
labores de extinción de activos a los implicados en el caso de sobornos que
pagaron directivos del grupo Petrotiger a Ecopetrol para lograr la adjudicación
de millonarios contratos en Colombia, valiéndose de falsas contabilidades y
otra serie de irregularidades.
“Como consecuencia de ello se
pagaron unas comisiones bastante altas a funcionarios que pertenecían a
Ecopetrol y como consecuencia de eso se afectaron 14 bienes por valor de 3 mil
millones de pesos“.
Por último, fuentes judiciales
indicaron que la Fiscalía también enfila baterías para obtener prontos
resultados en otros escándalos de corrupción como el ‘Cartel de la Toga’,
Reficar, InterBolsa, entre otros.
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