Desde hace un buen
tiempo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está en aprietos. Las
constantes denuncias por corrupción que se hicieron en 2017 pusieron en
evidencia la fragilidad de la iniciativa. Pechugas de pollo a $40 mil o tamales
a $30 mil, fueron algunos de los ejemplos que mostraban cómo el dinero
destinado a la comida de los niños estaba quedándose en manos equivocadas).
Para empezar a
solucionar este problema, el Ministerio de Educación, a través de un comunicado
de prensa, aseguró que el próximo viernes 19 de enero presentará una serie de
medidas que buscan transformar el programa.
Una de ellas consiste
en “asignar todas las fuentes presupuestales con las que se financia el
programa únicamente a las Gobernaciones y los municipios certificados, es
decir, 95 Entidades Territoriales Certificadas y no a los más de 1.000
municipios del territorio nacional como ocurre actualmente. Esto facilitaría el
monitoreo y control de los recursos y evitaría la duplicidad del servicio”,
asegura el Mineducación. Actualmente, debido a que muchas entidades
territoriales pueden contratar servicios del PAE, puede ocurrir que en un mismo
colegio haya dos contratistas.
Además, el Ministerio
propondrá la creación de un organismo que defina cuáles son los lineamientos
que debería seguir el PAE en términos de operación para que exista una
articulación entre los recursos que maneja el Gobierno Nacional y los
departamentos.
“De esta manera, se
evitaría la posible desviación de recursos con el pago elevado por productos o
alimentos. Este organismo también estaría en capacidad de garantizar el
servicio de alimentación escolar en casos especiales como, por ejemplo, en
aquellas entidades territoriales que no tengan la capacidad o donde exista un
mal manejo del PAE”.
De igual forma, en las
medidas que serán presentadas el viernes, la cartera que preside Yaneth Giha,
quiere replantear los criterios por los cuales se elige a la población
beneficiada por el PAE. La idea es garantizar la cobertura de los estudiantes
que pasan más horas en los colegios con jornada única o en internados, que se
encuentran en zonas rurales, que son víctimas del conflicto o que pertenecen a
una población étnica o estratos socioeconómicos bajos.
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